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Al considerar que se presentó una falla en la administración territorial la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al municipio de Cajamarca (Tolima) a pagar una indemnización a los familiares del exsecretario de Planeación e Infraestructura del municipio quien fue secuestrado y asesinado por la guerrilla de las Farc.

El alto tribunal determinó que en diferentes oportunidades el funcionario le advirtió a la alcaldesa sobre la fuerte presencia de dicho grupo guerrillero en zona rural del municipio, pero recibió la orden de dirigirse a recuperar una maquinaria que había sido hurtada para las obras que se iban a ejecutar en el año 2002.

Al llegar al lugar el secretario fue secuestrado por los subversivos, y pocos días después su cuerpo fue hallado en cercanías a la zona. Para el tribunal de lo contencioso administrativo se hizo caso omiso a la gravedad de las denuncias presentadas por la víctima ante sus superiores.

“Se conoce que el funcionario realizó un desplazamiento al área rural en aras de adelantar las gestiones encaminadas a recuperar una maquinaria de propiedad de la gobernación del Tolima. Desplazamiento según indica a más de haber sido previsto por la alcaldesa del municipio, se realizó desprovisto de cualquier medida de seguridad que implicó su muerte”, precisa el fallo.

Debido a estas fallas de seguridad se avalaron las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por los familiares del funcionario por los daños morales y materiales causados.