La Contraloría General de la República concluyó una Actuación Especial sobre el manejo de los recursos del llamado Cargo por Confiabilidad, y estableció un presunto detrimento patrimonial de $53.700 millones.

Este valor equivale a los subsidios que concedió la Nación a los usuarios del servicio de energía eléctrica por asumir las pérdidas de los generadores térmicos a través de un aumento tarifario que, para la CGR, incumplió el régimen en esta materia.

El contralor General, Edgardo Maya Villazón, sintetizó así este hallazgo:

Primero: El incremento tarifario para aliviar las pérdidas de los generadores térmicos que operan con combustibles líquidos, costó 476 mil 539 millones de pesos, lo cual se constituyó en un traslado efectivo de las pérdidas económicas de las empresas a los usuarios.

Segundo: La imprevisión que llevó a la necesidad de adelantar este ajuste de tarifas, permite identificar un daño patrimonial de 53 mil 700 millones que corresponden a la parte cubierta con subsidios, que son recursos del Presupuesto General de la Nación.

El Cargo por Confiabilidad comenzó a operar el 1 de diciembre de 2006 y en casi 10 años de aplicación llegan a más de 18,5 billones de pesos los recursos entregados a los generadores privados y públicos, relacionados con las Obligaciones de Energía en Firme (OEF).

Hay que hacer ajustes al Precio de Escasez (PE)

“Otra conclusión fundamental de esta Actuación de la Contraloría es que el Precio de Escasez, elemento fundamental del esquema del Cargo por Confiabilidad, sí requiere de ajustes, y estos cambios no pueden consistir simplemente en aumentarlo para adecuarlo a las necesidades de los agentes menos eficientes”, subrayó al respecto Maya Villazón.

Adicional a ello, indicó que el Precio de Escasez puede estar generando incentivos a las hidroeléctricas para que disminuyan sus niveles de embalse para obtener mayores beneficios en tiempos de escasez, arriesgando la generación futura por mayores ingresos en el presente.

La Contraloría considera que el PE es un buen indicador de escasez, pero no cumple con parte de su filosofía al no cubrir los costos de la térmica más costosa; está indexado al Fuel Oil #6 y el precio de este combustible ha disminuido en mayor proporción que el de los otros usados para generación térmica, adicionalmente este combustible no es usado globalmente por su comprobado daño ambiental; esto evidencia rezagos en la regulación para ajustar el marco normativo a las condiciones cambiantes del mercado. La gestión frente a la crisis energética fue deficiente.

La Actuación de la Contraloría incluyó un análisis sobre la reciente crisis energética, según el cual el Ministerio de Minas y Energía fue ineficaz para afrontar la situación y faltaron diligencia y coordinación entre las diferentes instituciones. Además, las medidas propuestas fueron tardías y la mayoría de ellas fueron planteadas en medio de la crisis.

Las dificultades en el suministro de gas para el sector térmico, a la vez que la entrega física de este energético por parte de Venezuela, que no se dio y el despacho de energía de Ecuador que no fue siempre constante, obligaron al final de la crisis a que la carga de cuidar el agua y evitar un desabastecimiento de energía estuviera sobre la población colombiana.

Para el organismo de control, no es aceptable que se señalara al fenómeno de ‘El Niño’ como justificación de la crisis energética:

“El comportamiento de la hidrología sigue siendo un factor determinante en el abastecimiento. Sin embargo, la crisis comenzó en los generadores térmicos y llegó a su máximo con la falla en la cadena de Guatapé y con Termoflores 4; todo obedeció a factores distintos a la hidrología”, informó.

Algunas empresas de energía no dan el uso que corresponde al Cargo por Confiabilidad

Para esta Actuación Especial, la CGR analizó seis empresas que recibieron 8,7 billones de pesos del Cargo por Confiabilidad; con miras a establecer cómo administraron estos recursos.

Se estableció en las empresas analizadas que los recursos son suficientes para financiar las inversiones y el mantenimiento de los activos de generación.

Sin embargo, pese a que la Resolución 071 de 2006 indica que el Cargo se transfiere para mantener disponibles las plantas para cubrir las Obligaciones de Energía en Firme, las empresas lo incorporan como otro ingreso operacional en sus estados de resultados y termina cubriendo de manera general todos los costos y gastos, tales como gastos administrativos, intereses bancarios e impuestos; sin que se destine exclusivamente a la inversión y mantenimiento de las plantas comprometidas dentro del esquema.

“Las empresas no sólo no le están dando el uso indicado por el regulador, sino que también pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), convirtiéndolo en un riesgo para el sistema”, comple-mentó el contralor Edgardo Maya Villazón.

Este hecho tiene una mayor probabilidad de materializarse en el caso de las empresas térmicas, que tienen una alta dependencia de los recursos del Cargo para su operación, añadió.

El Contralor General consideró necesario que haya claridad sobre el uso del recurso, que debe entrar directamente a financiar las actividades de inversión y mantenimiento sin que haga parte del total de capital que costea las actividades de la empresa año por año.

Para el jefe del organismo de control, la regulación no es clara al establecer el seguimiento y quién debe adelantarlo. “La CGR tiene claro que estos recursos se derivan de la tarifa y que no se pueden definir como recursos públicos, excepto el componente de subsidios; sin embargo estos son aportados por los usuarios y deben ser destinados únicamente para el objetivo establecido en la regulación”, enfatizó.

Hallazgos en la Creg y XM S.A.

La CGR estableció hallazgos por deficiencias en la gestión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la compañía XM S.A., que opera el sistema interconectado nacional.

Se encontró que el parámetro de energía contratada para cubrir mantenimientos nunca ha sido verificado, no obstante que es exigido por la Creg y se contaba con la metodología para hacerlo; se presentaron casos de generadoras que salieron de operación por mantenimiento.

Otro aspecto destacado es que se dejaron de auditar parámetros operativos de los generadores, con un faltante de 180 verificaciones, entre 491 revisiones que debieron hacerse.

El Cargo por Confiabilidad se comenzó a pagar en diciembre de 2006, pero las verificaciones se hicieron en su mayoría entre agosto de 2007 y enero de 2008; seis parámetros de 22, no fueron auditados sino hasta junio de 2010, esto a pesar de que se contaba con los procedimientos para efectuarlo y que se hacía pagos efectivos de dinero con el concepto de cargo por confiabilidad.
 

Incumplimientos de Obligaciones de Energía en Firme (OEF)

Como resultado de esta Actuación Especial sobre el manejo de los recursos del Cargo por Confiabilidad, la CGR llamó también la atención por el incumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF).

Algunos generadores incumplieron con la producción de la energía de seguridad comprometida, y la energía faltante debió producirse por terceros. Estos terceros generadores gastan más rápido sus recursos disponibles (agua o combustible), con lo que se aumenta el riesgo de no contar con energía para cumplir sus propias obligaciones al final de la temporada seca.

Todo esto aumenta el riesgo de desabastecimiento para el mercado en su conjunto.

Los incumplimientos puntuales de los agentes comprometidos, las acciones correctivas y las intervenciones o sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos serán objetivo de una nueva Actuación de la Contraloría General de la República, en la que se verán casos puntuales de agentes generadores que incumplieron sus obligaciones de energía con el país y su comportamiento corporativo asociado con recursos de interés público.