Vendedores de periódicos, revistas y dulces ubicados en la carrera Tercera de Ibagué ven con preocupación que se esté hablando de reubicación de sus puestos, tal como les ha dado a entender la actual Alcaldía, en contravía de una decisión que hace 13 años emitiera en su favor el Tribunal Administrativo del Tolima.

Miembros del Sindicato de Vendedores de Periódicos y Revistas confían en que el Gobierno local revise la protección del derecho otorgado en su momento por el Consejo de Estado mediante confianza legítima, y esperan que la posible reubicación sea solo para los que no gozan de ella.

El inicio de todo

Gustavo Vargas Martínez, directivo del Sindicato y vendedor en la calle 11, explicó que los 70 vendedores que lo integran han estado distribuidos por toda la ciudad hasta antes del mandato de Jorge Tulio Rodríguez Díaz, en que se llevó a cabo el trabajo de reorganización del espacio público.

“Antes de esa recuperación estábamos diseminados por la Quinta, la Tercera y la 15 (entre otras calles). Se cambió las casetas viejas por estos módulos, (...) y se organizó que en los parques y las plazoletas (Manuel Murillo Toro, Darío Echandía y Santa Librada) las casetas podían hacer parte del entorno”, contó.

Afirmó que de todos los propietarios fue reubicado al menos un 20 por ciento, y que es al 80 por ciento restante al que debería acoger la nueva reorganización, pero pasaron los 12 años y “vino el Tribunal le dijo al Alcalde: ‘Necesito que los organice’, pero parece que quiere empezar por nosotros”.

Vargas, con más de 40 años de actividad, apeló al derecho de la confianza legítima, que, explicó, “cuando un vendedor vaya a ser removido deberá hacer parte de una socialización y que le den la oportunidad de escoger sitios alternos en iguales o mejores condiciones. Tendríamos que volver a los mismos sitios que teníamos hace 15 años y se formaría el caos”.

Al respecto, el coronel Hernán Silva, director de Espacio Público, contó que está recibiendo el cargo, por lo que como primera acción su despacho ha adelantado desde el pasado jueves un censo tanto de ambulantes como de quienes ya tienen la confianza legítima.

“Seremos muy respetuosos de las sentencias judiciales con respecto a los que tienen confianza legítima, y los que no la tienen sí se verán sujetos a reubicación. La próxima semana nos reuniremos con ellos, para hablar de esos puntos”, explicó al respecto el jefe de la dependencia.

Dos puntos críticos

A la incertidumbre entre los vendedores consultados se suma la de Carlos Julio Vargas, quien acumula más de 40 años en un puesto frente al Palacio de Justicia. Su denuncia radica en que al parecer la directora Jurídica, Gladys Gutiérrez, ha venido pidiendo desalojo.

“Ya enviamos una carta, vino aquí y nos dijo a ‘Colacho’ (vendedor contiguo) y a mí que fuéramos buscando puesto, que cómo quería que arregláramos, y a esta edad ¿quién me da trabajo? Me llegó una citación en agosto: llevé los papeles, aquí están los recibidos. El lunes volvió a pasar y preguntó, parece que no leyó nuestra correspondencia”, señaló.

Vargas indicó que es la primera administración de la que recibe aparentes presiones, referidas por el directivo del Sindicato, por lo que dicho organismo, agregó, está asesorándose de abogados, y “hasta ahora estamos trabajando silenciosamente, a ver qué hacemos”.

Marco Fidel Vargas, hermano de Gustavo y quien comercializa revistas, periódicos y dulces en la plazoleta Darío Echandía, por lo menos fue enfático en que “se oyen rumores de que nos van a sacar, pero ¿qué estorbo hacemos a la gente? Tenemos un espacio y por lo menos estamos trabajando honradamente”.

Ambos indicaron haber sido objeto ya de varias reubicaciones, luego de haber estado en la calle 12, en el Palacio Nacional (la Dian) y ese, su punto actual, y que “si nos llegan a sacar de aquí es más desempleo, esta es la prima de nosotros, y a esta edad ¿quién nos da trabajo?”.

También da su punto de vista Estela Hernández, de la plazoleta Santa Librada, quien coincide en llevar más de cuatro décadas en esta labor y en que no se justificaría una reubicación, “estando en un punto tan bueno y visible como este. Bregó el Sindicato y se consiguió esto”.

Igual o peor en otros puntos

A la incertidumbre entre los vendedores consultados se suma la de Carlos Julio Vargas, quien acumula más de 40 años en un puesto frente al Palacio de Justicia. Su denuncia radica en que al parecer la directora Jurídica, Gladys Gutiérrez, ha venido pidiendo desalojo.

“Ya enviamos una carta, vino aquí y nos dijo a ‘Colacho’ (vendedor contiguo) y a mí que fuéramos buscando puesto, que cómo quería que arregláramos, y a esta edad ¿quién me da trabajo? Me llegó una citación en agosto: llevé los papeles, aquí están los recibidos. 

El lunes volvió a pasar y preguntó, parece que no leyó nuestra correspondencia”, señaló.Vargas indicó que es la primera administración de la que recibe aparentes presiones, referidas por el directivo del Sindicato, por lo que dicho organismo, agregó, está asesorándose de abogados, y “hasta ahora estamos trabajando silenciosamente, a ver qué hacemos”.

Marco Fidel Vargas, hermano de Gustavo y quien comercializa revistas, periódicos y dulces en la plazoleta Darío Echandía, por lo menos fue enfático en que “se oyen rumores de que nos van a sacar, pero ¿qué estorbo hacemos a la gente? Tenemos un espacio y por lo menos estamos trabajando honradamente”.

Ambos indicaron haber sido objeto ya de varias reubicaciones, luego de haber estado en la calle 12, en el Palacio Nacional (la Dian) y ese, su punto actual, y que “si nos llegan a sacar de aquí es más desempleo, esta es la prima de nosotros, y a esta edad ¿quién nos da trabajo?”.

También da su punto de vista Estela Hernández, de la plazoleta Santa Librada, quien coincide en llevar más de cuatro décadas en esta labor y en que no se justificaría una reubicación, “estando en un punto tan bueno y visible como este. Bregó el Sindicato y se consiguió esto”.