La Corporación Judicial indicó que el cuerpo armado de la Policía asignado a ese municipio era insuficiente para repeler el ataque subversivo, por lo que se solicitó apoyo al Ejército Nacional.

El demandante indicó que “al lugar del enfrentamiento arribó un helicóptero del Ejército nacional y sin consideración alguna frente a la población civil lanzó indiscriminadamente ráfagas de balas con el fin de contrarrestar el ataque guerrillero, que causaron graves daños al inmueble de propiedad de los actores y también lesionaron al señor Fernando Cruz Bonilla, razón por la cual consideró que el Estado debía responder patrimonialmente por los daños irrogados a los demandantes”.

Explicó el Consejo de Estado que aunque no se comprobó que las balas proviniera concretamente del Ejército, es claro que “la responsabilidad del Estado en este caso se fundamenta en el deber de acompañamiento a las víctimas del conflicto, quienes se han visto sometidas al rompimiento de las cargas públicas que normalmente debían asumir, circunstancia de desequilibrio que se concretó en las lesiones que sufrió el señor Fernando Cruz Bonilla, razones -todas estas- que llevan a concluir que no son de recibo los planteamientos expuestos por la parte demandada a lo largo de sus intervenciones”.