La industria de la confección textil en el país se declaró en quiebra, pues en lo corrido del año este sector ha perdido entre 50 mil y 60 mil empleos directos y tiene pérdidas acumuladas de cerca de cinco billones de pesos por cuenta del contrabando.

De acuerdo con Edwin Salazar, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, CCCyA, esta industria venía en claro repunte desde 2012, cuando el Gobierno nacional expidió el decreto 074, que estableció los aranceles mixtos que le permitieron a los confeccionistas generar seis de cada 10 empleos formales en el país.

Sin embargo, desde noviembre del año pasado, el Gobierno “nos cambió las reglas de juego, y no sabemos por qué”, sostiene Salazar, tras explicar que fueron expedidos los decretos 1744 y 1755 “cambiando totalmente la estructura arancelaria, generando una destrucción total del empleo y de la producción nacional”, sostiene el dirigente gremial.

Por el bajo arancel

Según la CCCyA, el decreto 1745 “privilegia los productos importados antes que los colombianos, beneficiando a las empresas de marca y a las grandes superficies”, mientras que el decreto 1744 “reduce los umbrales a un valor demasiado bajo, legalizando de alguna forma el contrabando técnico de confecciones en Colombia”, sostiene el vocero.

Además, según Salazar, hay que tener en cuenta que en otros países, especialmente los asiáticos, hay subsidios estatales para esa industria y la mano de obra es muy barata, por eso no entiende por qué la cartera de Comercio bajó el arancel de 30% a 15%, generando una competencia en clara desventaja para la industria nacional.

Por su parte, Juan Diego Trujillo, miembro de la Junta Directiva de la CCCyA, afirma que Colombia privilegió el tema arancelario con Panamá, que había demandado a nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio, dejando de lado la producción de empleo en el país.

“El Gobierno colombiano se arrodilló ante la posición de Panamá, afectando una industria que produce miles de empleos directos en las confecciones”, asegura Trujillo.

Y añade, que “las aprehensiones de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera no superan el 1,7 del total del contrabando, que según cifras oficiales es de 6.000 millones de dólares, unos 18 billones de pesos de los cuales mínimo cinco billones corresponden a confecciones”, enfatiza.

Invitación a concertar

Los dos voceros de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines le pidieron a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, que no afecte la producción de empleo, en especial para el posconflicto.

“Finalmente es una decisión del alto Gobierno que tiene que definir si privilegia el empleo en China o Colombia, y que nos lo notifiquen, entonces los confeccionistas tendremos que tomar decisiones de fondo, porque no hay ningún tipo de competitividad frente a países que esclavizan la mano de obra, trabajan muchas horas y tienen subvenciones al algodón, la energía, las materias primas, etc. Es que la competitividad depende de dos partes: los empresarios y el Gobierno”, señala Edwin Salazar.