No, muchas gracias, no me interesa

Recientemente hemos escuchado a varios funcionarios pronunciarse a favor de empezar operaciones en la hidroeléctrica de El Quimbo, luego de que la Corte Constitucional tumbara el decreto que autorizaba la operación.

Las razones han sido, más que todo, coyunturales: evitar el apagón eléctrico, la mortandad de 19 mil toneladas de peces, aumentar el caudal navegable del río Magdalena, etc. Pero más allá de las razones coyunturales, existe una de índole netamente económica y financiera. El Quimbo representa una inversión millonaria de una empresa que quiere sacarle rendimientos.

Esto va a traer serias consecuencias a los planes de infraestructura no solo de este Gobierno, sino de los que vengan en el futuro: en un momento en que solo se habla de las Alianzas Público Privadas, ¿qué privado va a querer invertir en un proyecto que puede terminar aplazado por la legalidad colombiana?

No se debe desconocer los derechos de las comunidades ni de los habitantes de este país, y no se debe permitir que se pisotee los derechos fundamentales de los más indefensos. Pero sí se debe buscar mecanismos que permitan que no lleguemos al extremo de lo que sucede con El Quimbo, y que permitan adelantar planes rápidos de infraestructura y modernización.

Para los que no están familiarizados con términos técnicos, una explicación: todo proyecto tiene un Valor Presente Neto (VPN), es decir, todos los flujos que va a generar, traídos a pesos de hoy. Así, se meten los flujos negativos (lo que cuesta desarrollar el proyecto, incluyendo el costo de la deuda) y los positivos (lo que va a generar el proyecto durante su etapa productiva), y si el VPN es mayor a cero, el proyecto es viable. Pero si el proyecto se demora en entrar en operación, los flujos positivos futuros empiezan a aplazarse y quizá el proyecto, desde el punto de vista financiero, toma otra connotación.

Quizá dentro de sus proyecciones, Emgesa había puesto algunos supuestos financieros provenientes de El Quimbo, y tenía un plan de amortización de la deuda con base en los ingresos del mismo. Pero en la medida en que se empiece a aplazar la entrada en funcionamiento, las cuentas de la empresa se van a descuadrar. Y esto va a ser un pésimo precedente para los desarrollos futuros, cuando el Gobierno vaya a preguntar a los privados si quieren desarrollar proyectos de infraestructura, y se encontrará con una respuesta como: “No, muchas gracias, no me interesa”.

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