Singapur, Hong Kong o Tokio envidiarían a Puerto Aguadulce. En 128 hectáreas, dos megabarcos pueden atracar de manera simultánea, en un muelle limpio y mecanizado con grúas gigantes, para atender, cargar y descargar 911.000 contenedores al año.

Los camiones llegan por un anillo vial que rodea la ciudad. La inversión en toda la obra, apalancada por financistas internacionales, superó los 600 millones de dólares. En realidad los tres puertos de Buenaventura hacen evocar los terminales marítimos más modernos de los Tigres asiáticos, al otro lado del Pacífico. Ponerse a la altura implicó además hacer un dragado que costó 107.000 millones y una doble calzada que aún está en obra. Todo un despliegue logístico de talla mundial para enfrentar la globalización y los acuerdos comerciales, cuya punta de lanza es la Alianza del Pacífico.

No en vano, por allí se mueve la mitad de todo el comercio internacional de Colombia. Sin embargo, esa imagen del primer mundo contrasta con la realidad que hay afuera de los puertos: una urbe fallida que respira pobreza y abandono por todos los poros. La mezcla de un modelo excluyente, una corrupción local endémica y el abandono histórico del Estado han hecho metástasis en la ciudad. En un informe reciente del Centro de Memoria Histórica se constata cómo, desde que se privatizó el puerto en 1991 y se liquidó Colpuertos, se ha profundizado la exclusión entre un “enclave económico dinámico y moderno, el cual coexiste con una actividad local en crisis”. El índice de pobreza multidimensional es de 66 por ciento y el 93 por ciento de la gente vive de la economía informal. Es decir, del rebusque o de las economías ilegales, sean esta minería, narcotráfico o contrabando. Sobre el abandono estatal por décadas, basta con ver los bajos índices en desarrollo humano.

El agua llega apenas nueve horas al día, no hay un hospital decente, la educación fue saqueada sin piedad y existe un déficit de 40.000 viviendas. Posiblemente lo que ha mejorado en el último tiempo ha sido la seguridad, pues ya no se habla de casas de pique como en el pasado y han bajado sustancialmente los homicidios. Pero está por verse si esta es una tendencia sostenible o coyuntural. Lo paradójico es que Buenaventura recibe dinero de regalías, de aduanas y de transferencias, como pocas ciudades del país. El presupuesto de la Alcaldía este año es de 560.000 millones de pesos. Y a eso hay que sumarle lo que llegará como recursos excepcionales de la Nación, con cargo al Plan de Choque y Plan Pacífico, prometidos por Santos en 2014, que ascienden a 400 millones de dólares y que ya están empezando a ejecutarse.

De estos, 85 millones de dólares serán para Buenaventura. Así, en los próximos años entre regalías, impuesto de aduanas, transferencias de la Nación y empréstitos, este municipio puede tener uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Las negociaciones entre el gobierno y los líderes de las protestas están en un punto muerto, pues mientras el primero demuestra con cifras y videos que las obras prometidas están a punto de ser terminadas, los líderes del paro exigen que se decrete la emergencia económica y social. Consideran que esta figura le daría celeridad y más recursos a los proyectos.

No obstante, los problemas son de tal calado que las soluciones no son fáciles ni baratas. Y siempre gravita el fantasma de la corrupción local.

Para empezar está el tema del agua. Buenaventura está rodeada de siete cuencas de ríos cristalinos. Sin embargo, el vital líquido solo llega en promedio nueve horas. En los últimos años todo empeoró porque llega turbia. Cada vez que llueve hay que cerrar las dos plantas de tratamiento que existen porque el sedimento puede dañarlas. Como se sabe, en el Pacífico llueve casi a diario. Santos se comprometió a resolver este problema y, aunque hay bastantes avances, aún no llega el agua limpia a las casas. Findeter lideró un plan de choque que consistió en la adecuación de las dos plantas existentes. Una de ellas está a dos semanas de ser entregada y la otra a dos meses. Ha habido retrasos, que se explican por inconsistencias en el diseño, y en todo caso la inversión ha sido de 36.000 millones.

De igual manera hubo problemas en los estudios para reparar las tuberías que llevarían el líquido hasta la ciudad, y que tenían un presupuesto de 1.000 millones. Sin embargo, en la práctica toca volverlas a hacer, y costarán 25.000 millones. Ahora, estas acciones solo resuelven el problema de la turbiedad y no del abastecimiento. Que cada bonaverense tenga agua en el grifo tomará varios años, cuando se ejecute el plan maestro del acueducto que ya tiene asignados 60 millones de dólares, de la partida que le corresponde a Buenaventura del Plan Pacífico que será financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID).

Es algo importante e histórico, pero para superar la pobreza en Buenaventura, según quedó consignado en el Plan Maestro 2050, se necesitan 21 billones de pesos.

La otra gran tragedia de Buenaventura ha sido la ineficiente o corrupta actuación de sus gobiernos locales, que se refleja en el desgreño en la salud, la educación y las obras públicas. No en vano cuatro de sus alcaldes han terminado en la cárcel y siete de ellos con investigaciones y sanciones disciplinarias.

El único hospital que hay en la ciudad es de primer nivel, es decir, el más bajo. “Prácticamente un puesto de salud”, dice el obispo Héctor Epalza.

Osea que los casos complejos tienen que ser remitidos a Cali. Esto es sencillamente increíble e inhumano si se tiene en cuenta que se trata de una ciudad de 380.000 habitantes.

El Gobierno nacional tiene listos 25.000 millones para reconstruir la planta del hospital y llevarlo al tercer nivel de atención. Sin embargo, esto también tomará tiempo dado que apenas se están haciendo los estudios topográficos. Ahora, según la Fundación Paz y Reconciliación, el hospital maneja un presupuesto cercano a los 40.000 millones de pesos y una nómina de 520 empleados. Es un fortín burocrático y de corrupción que arrastra un déficit de 19.000 millones de pesos. Reflejo de ello es que en los primeros 18 meses de esta administración ha habido cuatro gerentes.

En la educación la situación también es difícil. Hay esfuerzos en infraestructura pues Findeter ya entregó las sedes de cinco nuevas instituciones educativas. Sin embargo, el megacolegio que servirá para albergar a 2.850 estudiantes aún no lo entregan a la comunidad.

La educación ha sido el sector más saqueado por los políticos en Buenaventura. Como se recordará, el anterior alcalde Bartolo Valencia terminó en la cárcel cuando se destapó un carrusel montado por él y por lo menos 100 rectores para registrar y hacer cobros por estudiantes fantasmas. Situación que el actual alcalde da por superada.

En cuanto a las obras públicas tampoco hay avances significativos en la nueva sede del Sena, canchas deportivas, la cárcel y el dragado del estero de San Antonio. Todas ellas son obras que se quedaron en el camino o están atrasadas, ya sea por problemas en la estructuración del proyecto, el trámite del lote, la consecución de licencias o consultas previas, tal como sucedió con la ampliación de la pista de la terminal aérea.

A eso se suman los elefantes blancos. Hace poco, el contralor Edgardo Maya reveló otro escándalo por el presunto detrimento de 3.627 millones de pesos de las regalías y que fueron destinados para la construcción de un acuaparque, que no se hizo en su momento. En esa investigación aparece de nuevo salpicado el exalcalde Valencia. El cansancio de los habitantes de Buenaventura es entendible. Pero también es claro que las soluciones estructurales son complejas, de largo plazo y algunas de ellas ya están en camino. Muchos políticos de ocasión se han montado en el paro para pescar en río revuelto y pueden hacer más difícil los caminos de un acuerdo.

Está claro que lo que se necesita es mayor ejecución y una veeduría ciudadana para que los recursos sean usados de manera eficiente y transparente.