En la noche del sábado 24 de junio el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, junto al director de la Policía, general Jorge Nieto, realizaron una rueda de prensa para informar al país sobre la captura de ocho personas relacionadas con el atentado terrorista en el centro comercial Andino. En ese mismo acto el jefe del ente acusador hizo una revelación que se transformó en una bomba mediática y legal.

Martínez contó que menos de tres meses antes del ataque al centro comercial, que dejó tres víctimas mortales y casi una decena de heridos, las autoridades habían capturado a dos de los involucrados cuando iban a poner otra bomba. Pero que en cuestión de horas un juez los dejó en libertad, a pesar de haber caído en flagrancia por los delitos de terrorismo y porte de explosivos.

En efecto, el pasado 16 de marzo, los hombres conocidos con los alias de Barbas y el Calvo cayeron cuando se disponían a instalar una carga explosiva contra una entidad de salud en el occidente de la capital. Pero a las pocas horas salieron a la calle por cuenta de un juez de garantías. El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, rechazó esa determinación en un comunicado en el que afirmaba que “discrepamos, dentro del respeto por las decisiones de los jueces, de la decisión de dejar en libertad a dos personas capturadas en flagrancia. Creemos que portar explosivos listos para ser detonados poniendo en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de Bogotá son hechos que demuestran que estas personas son un peligro para la sociedad y debieron ser cobijados con medida de aseguramiento”, decía.

“A juicio del juez de garantías no se configuraba de manera razonable la imputación por terrorismo porque, a pesar de ser detenidos con material explosivo, el juez determinó que no había habido terrorismo porque la bomba no explotó”, afirmó el Fiscal General hace una semana al referirse a ese episodio. No menos impactante resultó que en esa misma intervención el jefe del ente acusador contó que un día antes de los hechos del Andino la Fiscalía acudió ante otro juez con el fin de insistir y solicitar una vez más una orden de captura contra uno de esos personajes, considerado como uno de los explosivistas del autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-.

“El juez de garantías de nuevo determinó que no había méritos para imponer medida preventiva de libertad para este hombre que era uno de los explosivistas del MRP. El resultado, como ya se sabe, dejó un saldo de tres muertos y ocho heridos”, dijo el fiscal. “Aprovecho esta oportunidad para exhortar a todas las autoridades a trabajar para enfrentar certeramente estas formas de terrorismo que tanto afectan a la sociedad colombiana. Insistiremos con una legislación especial para enfrentar organizaciones criminales. El régimen ordinario de la legislación colombiana resulta insuficiente para estos casos”, concluyó el alto funcionario.

Dos días más tarde, el martes 27 de junio, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Sanabria, afirmó que ese organismo acababa de abrir una investigación contra el juez que dejó en libertad a los dos hombres que llevaban los explosivos. “Todo el mundo sabe que un explosivo es un problema terrible para la sociedad y más en estas épocas de mucho terrorismo, eso lo vamos a investigar y si encontramos que la conducta es bastante grave por parte del juez, tomaremos las decisiones pertinentes”, dijo.

El desconcierto por las revelaciones de Martínez aumentó por cuenta de otro incidente. Pocas horas después de las primeras ocho capturas simultáneas, un noveno integrante del MRP, conocido con el alias de Talibán, fue detenido. Sin embargo, al llegar a la audiencia, la jueza lo dejó en libertad por considerar que hubo un error en la motivación al momento de solicitar su arresto. El hombre, considerado pieza clave de los ataques y otro de los explosivistas del grupo, salió de los juzgados. La Fiscalía apeló la decisión y tres horas más tarde la jueza autorizó su recaptura. Pero el hombre ya había escapado y las autoridades tuvieron que empezar nuevamente la búsqueda.

Estos hechos causaron una profunda indignación entre la gente. Para la ciudadanía no era fácil entender por qué personas sindicadas nada más y nada menos que de terrorismo, y además capturadas con las manos en la masa, quedaban libres.

Para muchos resultaba inexplicable también entender por qué, mientras países defensores de los derechos humanos como Francia o Reino Unido han adoptado legislaciones especiales para combatir y capturar a los señalados de participar en terrorismo, no ocurre lo mismo en Colombia, que irónicamente ha sufrido por décadas las atrocidades de este tipo de delincuentes que amenazan indiscriminadamente a la población.

Lo cierto es que más allá de esto, los jueces no recibieron bien las declaraciones y críticas de Martínez. “El Fiscal General se equivoca gravemente. Quiere ser juez y parte. Viene ejerciendo presiones como si los jueces fueran sus empleados”, dijo a Semana Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial. “El Fiscal General tiene una visión errada del sistema penal. Debería llamar a sus fiscales para saber en dónde estuvo el error, porque se pronuncia sin conocer lo que pasó y eso expone a los jueces a escarnio y crea una visión equivocada alimentada por la prensa”, concluyó.

En la tarde del jueves, un nutrido grupo de jueces del circuito de Bogotá también se pronunciaron sobre la polémica. “La ley ofrece a las partes intervinientes los mecanismos para discutir la inconformidad al interior de los procesos. Usar los medios de comunicación para cuestionar la decisión judicial sin ningún soporte afecta gravemente la dignidad de la administración de justicia, los jueces y la autonomía judicial, más cuando se pretende intimidar a los funcionarios públicos con investigaciones penales y disciplinarias si no se resuelve conforme los intereses de uno”, afirmó la jueza Ana Lucelly Murcia, acompañada de varios de sus colegas.

Si bien es cierto que los togados están en todo el derecho de defender sus actuaciones, no es menos válido argumentar que ellos deben tener en cuenta las coyunturas y los sentimientos de una sociedad que no entiende cómo los protagonistas de graves actos de terrorismo son tratados por la ley como si fueron una banda de simples atracadores o ladrones de celulares.

Es claro que hay que respetar el legítimo derecho a la defensa. No obstante, es posible que haya llegado la hora de realizar un debate de fondo que introduzca reformas que permitan enfrentar y castigar con contundencia actos cobardes como el terrorismo.

No puede ser que la tranquilidad ciudadana de los colombianos, es decir, su derecho fundamental a la vida, esté por debajo del derecho al debido proceso de sospechosos de cometer actos criminales, cuando hay fuertes indicios que los incriminan.

Francia, uno de los países que más respetan las libertades y los derechos ciudadanos, luego de los atentados terroristas que ha sufrido tomó medidas de excepción que llevan dos años vigentes y que le permiten a la Policía, incluso, entrar en las casas de los sospechosos sin orden judicial. En la compleja lucha contra el terrorismo no se trata de vulnerar los derechos de los procesados, esenciales en cualquier democracia, sino de que los jueces tomen todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos. Y eso comienza por no dejar libres a este tipo de criminales. Quizás si en el caso del Andino ese juez que liberó a los sospechosos meses atrás hubiera tomado otra decisión, el país no estaría lamentando esa tragedia.