Desde el pasado 28 de octubre, los empleados de la oficina de Instrumentos Públicos en Ibagué están en cese de actividades en medio de una jornada de paro que se realiza a nivel nacional para exigirle a la Superintendencia de Notariado y Registro una serie de requerimientos para el funcionamiento de estas oficinas que aseguran va en retroceso e imposibilitan la prestación del servicio de forma oportuna.

Según explicó Venovit Mejía, quien hace parte del  Sindicato de Trabajadores de Notariado y Registro (Sintranore), una de las peticiones es que retornen las labores misionales de la entidad que se estarían tercerizando, generando no solo afectaciones para los empleados, sino en la ciudadanía por un mayor costo en los trámites.

“Por ejemplo, los certificados de tradición están siendo tercerizados, se ofrecen por entidades afuera, y el costo se lo están pasando al ciudadano. Mientras que en la oficina el costo sería de casi $17 mil pesos, por fuera lo encuentran en $20 mil, $30 mil, hasta $50 mil pesos.

“Igualmente parte de la radicación de los documentos se las están llevando a las notarías, allí les están cobrando costos adicionales por una tarea que debe realizar la oficina de registro como es la digitalización del documento, son cargas que a la final debe asumir el ciudadano”, señaló la sindicalista.

Mejía indicó que lo que se está haciendo con dichas acciones es acabar la oficina de registro, esto se vería reflejado también en la falta de personal que tienen para realizar los diferentes trámites. Una de las razones del paro es para que precisamente se amplíe la planta de empleados.

“Estamos reclamando personal para responder de manera satisfactoria al ciudadano, las oficinas de registro están en déficit de personal, son más las solicitudes que ingresan, que la posibilidad que tenemos con el talento humano para responder a las mismas, de ahí que la imagen de las oficinas ha decaído y el ciudadano en su primera impresión se muestra inconforme con las oficinas de registro”, explicó la funcionaria.

Según advirtió para el caso de Ibagué, a diario se recibe un promedio entre 120 y 130 solicitudes y en la oficina solo existen tres personas dedicadas a hacer la labor de calificadores que tienen una capacidad para atender por día de 27 a 30 de estas solicitudes.

A esta situación se suma, los problemas de infraestructura que existen en la oficina y retrasan la labor, “la imagen de las oficinas ha decaído y el ciudadano en su primera impresión se muestra inconforme, están deterioradas, acabadas”, señaló.

El presidente de Sintranore, Deiby Villamizar, le explicó a esta redacción que aunque se han sentado con el Gobierno nacional y se habla de la viabilidad de algunas propuestas, sería la Superintendencia quien no ha cedido a las peticiones, por ello señalaron que seguirán en cese de actividades.

Habrá debate en la Cámara de Representantes

Ante el paro a nivel nacional, la representante a la Cámara por el Tolima Adriana Magaly Matiz, citó a debate de control político el próximo 18 de noviembre a la Superintendente de Notariado y Registro, Goethy Fernanda García Florez, y al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, esto para conocer de primera mano la situación actual de la oficina. En calidad de invitados estarán la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, y los sindicatos y asociaciones de empleados públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro.

“Quiero manifestar mi preocupación por las consecuencias que está ocasionando la llamada gran movilización nacional, en defensa del servicio público registral y los derechos de los trabajadores. Movilización organizada por los funcionarios de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país y que tiene en cese de actividades a estas dependencias desde el pasado 28 de octubre” manifestó la congresista.

Se frenaron inversiones millonarias

En medio del cese de actividades de la oficina de Instrumentos Públicos, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), seccional Tolima emitió una alerta por la situación que aseguran agrava de manera crítica la prestación del servicio público registral en el país.

En cuentas de Camacol solo en ocho días de parálisis se han frenado inversiones en vivienda nueva que ascienden a $1.6 billones a nivel nacional. Para el caso del Tolima la Cámara acotó que hay $44 mil 864 millones de inversión frenados y 347 familias dejaron de recibir su vivienda de forma oportuna.

“Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región y un retroceso en la política de vivienda”, señaló la entidad.

En ese sentido, advirtió del impacto en los demás sectores de la economía y que no garantizar el servicio va en contra de la ley.

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