El Ffie fue sometido a debate de control político en el Congreso

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Crédito: Suministrada / EL NUEVO DÍAEn lo corrido del 2022, en la ciudad se han presentado múltiples movilizaciones, plantones y protestas por los incumplimientos del Ffie.
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Por las múltiples dificultades que ha traído consigo los ‘famosos’ convenios con el Ffie y la Administración municipal, la entidad fue sometida a debate de control político en la Cámara de Representantes. Entre los cuestionamientos, se destacó la problemática social, los sobrecostos que asume el municipio y hasta los incumplimientos con los contratistas.
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A través de un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie) debió rendir cuentas ante las múltiples irregularidades contractuales por la demora en la construcción de colegios en todo el país.

En representación del Tolima, la representante Martha Alfonso criticó, en gran medida, las dificultades que se han presentado en la ciudad por los incumplimientos del Ffie. Además, señaló que después de un estudio minucioso, concluye que el organismo ostenta de mucha autonomía, a tal punto calificarla como ‘extralimitada’ por priorizar, incluso, la ejecución de ciertas obras.

“Es un fondo, una fuente especial del Ministerio de Educación Nacional a la que llegan los recursos para inversión específica en infraestructura educativa y que se rige por el derecho privado. Contrata una fiducia con un banco y, a través de ella, administra esos recursos del Estado y el Ministerio que se adicionan, además, con recursos de las entidades territoriales”, señaló Alfonso.

Y apuntó: “Estos recursos ganan unos rendimientos financieros e intereses, por lo que se suscriben y se manejan desde el derecho privado, no desde la contratación pública”.

Al recinto asistió el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Al recinto asistió el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. 

 

En concordancia, el secretario de Educación, Juan Manuel Rodríguez, se ciñó a señalar las dificultades que ha traído consigo las demoras del Ffie, sacando a colación el caso de la I. E. Normal Superior, situación que ha movilizado a la comunidad estudiantil a las calles en múltiples ocasiones.

“Los mejoramientos en la institución estaban pactados para el mes de agosto y ahora están para el mes de noviembre, y tenemos a nuestros estudiantes como ‘errantes’, estudiando en diferentes espacios, siendo ellos objeto hacinamiento y generando inconvenientes desde el punto de vista académico”, precisó Rodríguez.

A su vez, el secretario también ahondó en las dificultades externas que se han presentado por cuenta de las demoras del fondo, debido a que “la ciudad no ha podido volver a la presencialidad educativa total porque no contamos con la infraestructura. Hemos sido objeto de paros y plantones por parte de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas que lo único que piden es un espacio para poder llevar a cabo sus actividades escolares de la mejor manera”. 

Sin embargo, lo que más llama la atención son algunas irregularidades que han quedado de la construcción de los espacios educativos. Según el Secretario, “en relación con las postventas, si bien se han entregado 10 instituciones educativas, han quedado con una serie de inconvenientes relacionados con goteras, filtración de aguas lluvias y mal funcionamiento de los ascensores”.

 

Lo que asume el municipio

En términos fiscales, los incumplimientos del Ffie acaecieron en una serie de sobrecostos que el municipio ha asumido a través de sus impuestos. 

Miguel Bermúdez, concejal de Ibagué, mencionó en el debate que “a la fecha, hemos tenido que pagar del bolsillo de los impuestos de los ibaguereños 18 mil millones de pesos en intereses y 1.500 millones de pesos en sobrecostos de arrendamiento de bodegas y otros colegios para poder ‘sopesar’ la catástrofe económica y social”.

A su vez, el cabildante criticó el hecho de que el municipio tenga que volver a asumir cerca de 9.000 mil millones por indexación de valor en tan solo tres colegios porque el Ffie no propició el desarrollo de este convenio. 

Según cifras de Bermúdez, de la totalidad de obras suscritas al convenio, un 19 % está en desarrollo, un 15 % están paralizadas, otro 15 % tiene concretos defectuosos y alrededor del 12 % de las obras están sin empezar operaciones.

“El contrato que tiene el Ministerio de Educación con los entes territoriales es una ‘falacia jurídica’, donde tan solo las obligaciones recaen en los municipios, y el Ffie no tiene ninguna obligación. Hoy un solo contratista está en un proceso penal y civil por reclamación de 4.000 mil millones de pesos”, apostilló.

En concordancia, la representante Martha Alfonso señaló que los irregulares desembolsos y ejecuciones financieras han sido las principales causales de los retrasos de las obras de infraestructura educativa, lo que ha propiciado una ‘ruta de crisis’ en la mayoría de edificaciones pendientes.

“La serie de retrasos han aumentado los costos a sobremanera, lo que ha generado un incremento de inversión para los municipios, doblando y hasta triplicando los costos para la construcción de la infraestructura educativa que se suponía el municipio o el departamento solo ponía el 30 %”, concluyó Alfonso Jurado.

Suministrada / El Nuevo Día
En representación de la ciudad, la representante Martha Alfonso, el concejal Miguel Bermúdez y el secretario Juan Manuel Rodríguez, expusieron el problema desde diferentes perspectivas.

 

Contratistas ‘al límite’

Otra ‘arista’ que le salió al problema del Ffie involucra a los contratistas que han sostenido convenios con la entidad para la realización de las obras. 

Wilson Lozano, representante de los subcontratistas damnificados por el Ffie, indicó que varios contratistas han debido ejecutar parte de las obras con dineros propios, con el compromiso de que el Ffie les pagara lo correspondiente. No obstante, aunque el fondo les correspondía diciendo que eran recursos del Estado, estos nunca fueron abonados en reconocimiento de sus labores.

“Cuando a usted le dicen que son dineros públicos, se asume que son dineros fijos. Entonces empezamos a invertir lo poco que teníamos, a endeudarnos e hipotecar casas. 

Con los incumplimientos en los pagos, se iniciaron las PQR porque nos tocó asumir actividades administrativas de salud y seguridad en el trabajo y, lo más importante, luchar con los diseños que se tenían porque no ostentaban los correctos”, expuso Lozano.

Y acotó: “Todo esto generó problemas sociales porque algunos contratistas, incluso, recibían amenazas de muerte si se reclamaba por el incumplimiento en el pago a los proveedores”. 

“Son cerca de 8 mil estudiantes los que se están viendo perjudicados por la situación que se presenta” Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación. 

Suministrada / El Nuevo Día

 

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REDACCIÓN IBAGUÉ

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