Por los delitos de tentativa de peculado y falsedad en documento privado fue acusada formalmente Valerie Domínguez, la exreina que está involucrada en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. La imputación de cargos se produjo durante una diligencia que se cumplió ayer en el complejo judicial de Paloquemao en  Bogotá, ante el Juez 38 de conocimiento.
Según el ente acusador, Domínguez intentó apropiarse de dineros del Estado que estaban destinados para subsidios de programas de riego que beneficiarían a pequeños y medianos productores del campo colombiano.
Para este fin, en su momento el Ministerio de Agricultura realizó tres convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, los cuales sumaban un monto cercano a los 388 mil millones de pesos.
Tras la firma de los convenios se hizo la convocatoria para que los campesinos del país accedieran a esos recursos con el fin de mejorar la productividad en sus parcelas. Sin embargo, entre el listado de los posibles aspirantes a los subsidios figuraba el nombre de Valerie Domínguez Tarud.
La modelo llegó a esa convocatoria a través de la finca ‘La Faena’, la cual figuraba a su nombre gracias a un contrato que ella firmó en calidad de arrendataria. De acuerdo con el documento suscrito, el canon de arrendamiento tenía un valor de un millón de pesos mensuales y su duración era de 10 años.  
Como arrendador figuraba Agroindustrias JMD, empresa de la familia Dávila, una de las más prestantes del departamento del Magdalena. Entre los propietarios de la firma estaba Juan Manuel Dávila, para aquel entonces novio de Domínguez.

De ‘La Faena’, de 110 hectáreas de extensión, posteriormente se conoció que era un terreno que hizo parte de la hacienda Campogrande de la que era dueña la citada familia. Pero no sólo hubo esa parcelación en esos predios ya que varios integrantes de la familia quedaron con terrenos de diferentes extensiones y por los cuales también solicitaron ayuda económica de AIS.  
La solicitud del subsidio de la modelo colombiana fue por una suma cercana a los 306 ­millones, a los que desistió cinco días después de que estallara el escándalo. De allí que por el intento por ­apropiarse de dineros del Estado la Fiscalía le haya endilgado el delito de tentativa de peculado.
Mientras que por el hecho de haber firmado un contrato con su exnovio por arrendamiento, el ente acusador la acusa de falsedad en documento privado. Ambos hechos punibles que en audiencias anteriores la exreina no aceptó y además, señaló que fue asaltada en su buena fe por Juan Manuel Dávila.
La diligencia judicial finalizó con la citación para el próximo 8 de septiembre, cuando se iniciará la audiencia preparatoria para el juicio de Domínguez en el que, según se anunció, el propio Juan Manuel Dávila hará las veces de testigo en el proceso.