La alta consejera presidencial para la Biodiversidad, Sandra Bessudo, denunció el pasado viernes la matanza de unos dos mil tiburones en la isla de Malpelo, Pacífico colombiano, a manos de pescadores costarricenses que los cazaron para cortarles las aletas dorsales. 

Por esa razón, la Cancillería informó que la Armada Nacional “está tratando de llegar al lugar de los hechos para establecer la realidad de los mismos ya que la información que se tiene es que podría tratarse de pesqueros privados cuyo origen no está confirmado”.

Así mismo, el gobierno colombiano estableció contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica para informarles y mantenerlos al tanto de la investigación, y poder aclarar conjuntamente lo sucedido lo antes posible

El Gobierno informó que “rechaza cualquier tipo de acción que amenace la supervivencia de esta especie”.

Así mismo, destacó que cuenta con una normatividad nacional para prohibir la práctica del aleteo, así como con un plan de acción para el manejo y conservación de tiburones, rayas y quimeras.

También hace parte del Memorando de Entendimiento para la Conservación de Tiburones Migratorios y el pasado mes de septiembre, firmó la Declaración de la Iniciativa Global Sobre Tiburones que compromete a los firmantes a tomar medidas para su conservación.