El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha visto azotado por diferentes protestas sociales y gremiales. 

La más reciente es el paro campesino de la región del Catatumbo, que ya cumple 37 días sin que el Gobierno Nacional haya logrado llegar a algún acuerdo con los líderes campesinos del sector. Por el contrario, la salida no se visualiza y la tensión cada vez es más fuerte. 

En su último pronunciamiento, Santos aseguró que “no le temblará la mano para defender los intereses de los colombianos” y que su gobierno “no actuará bajo la presión de la violencia”. Así mismo, dijo que no es posible entender cómo la guerrilla, mientras negocia en La Habana, infiltra la protesta social. 

El Jefe de Estado dijo que tiene muy claro que debe respetar los derechos de la protesta social, “pues en una democracia se deben permitir esas válvulas de escape, si se quiere llegar a un sistema fuerte”. No obstante, consideró que llega un momento “donde los derechos de uno afectan los de otros”. 

No es la primera vez que el Gobierno Santos se enfrenta a una protesta masiva. De hecho, durante el último año se han presentado cinco paros graves en diferentes sectores, que han generado diversas pérdidas para el país. 

En el caso más reciente, el del Catatumbo, Santos advirtió que los líderes de esa protesta no son de la región y “sabemos con quiénes conversan diariamente. Les pedimos que no continúen violando los derechos humanos del resto de habitantes del Catatumbo, hay familias que están padeciendo hambre, porque no hay alimento y la mayoría de campesinos están aburridos de que los obliguen a estar en el paro. Los exhorto a que levanten el paro porque no hay motivo para continuarlo”. 

Según Santos, en el caso del Catatumbo, el Gobierno ha sido muy tolerante, “hemos sido generosos les hemos extendido la mano en todas las formas. Hemos enviado más de 10 comisiones de viceministro, ministros y el vicepresidente, hemos hecho ofertas de todo tipo porque sabemos que el reclamo de los campesinos es válido”. 

Al conflicto del Catatumbo se suma ahora el anuncio del sector minero de irse a paro hoy y el de los caficultores de volver a paralizar su producción, por considerar que el Gobierno les incumplió los acuerdos a los que llegaron en meses pasados, cuando también recurrieron a este tipo de protesta. 

Para muchos, el antecedente está en el paro a la Justicia, cuando el Gobierno cedió a 42 días de suspensión de actividades, tras las cuales se logró una nivelación de los funcionarios de la Justicia. Esto, en opinión de algunos, validó las vías de hecho como mecanismo de presión a este gobierno. No obstante Santos ha afirmado que no va permitir que le impongan nada “a la fuerza”. 

42 días del paro de la Justicia 

A pesar de estar prohibido en la Constitución y de los fallidos intentos de la Corte Constitucional por hacerla respetar, el sector Justicia ha venido arrinconando al Ejecutivo por las vías de hecho: a Uribe en el 2009 y a Santos en 2012-2013. El paro más reciente duró cerca de dos meses, afectando cerca de 150 mil asuntos judiciales durante dicho lapso. El gobierno decidió “premiar” el paro otorgando reajustes salariales, por $1.22 billones durante 2013-2017, sin exigir contrapartidas de ganancias en productividad, pues la Reforma Constitucional la tuvo que hundir el propio gobierno.

No satisfechos con ello, el sindicato optó por extender el paro por otras semanas, tras la llamada “vacancia judicial” de finales del 2012. Se ha calculado que los costos directos de 42 días de paro judicial ascendieron a unos $65 mil millones, equivalentes a 0.1% del PIB de ese trimestre.