La polémica entre el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, por la posibilidad de crear una policía rural con desmovilizados de las Farc, se agudizó este martes, luego que el mandatario calificara de malintencionada, perversa y malévola la posición del Ministerio Público, de rechazar esta policía y afirmar que esta posibilidad ratifica que sí se está negociando la estructura de la Fuerza Pública en La Habana, Cuba.

El Procurador afirma que las posiciones del Gobierno Nacional sobre un tema central como la paz, no pueden estar por encima del escrutinio público ni por fuera del sano debate propio de la Democracia, pues la sociedad tiene derecho a ser escuchada. En ese sentido, invitó al Presidente al debate y calificó de “irracional que el Gobierno pueda dialogar y concertar con las Farc pero no con quienes dentro de la institucionalidad hacen observaciones".

En su carta, Ordóñez citó una declaración del presidente Santos de este mismo martes, en la que afirma que no ha descartado porque ha “pensado que, por ejemplo, los desmovilizados pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, bajo el control y el dominio de la Policía. Lo hemos inclusive discutido con algunas personas”.

“Con toda consideración, le pregunto: ¿Al fin qué, señor Presidente, lo ha pensado o no lo ha pensado?", preguntó Ordóñez.

En la dura respuesta, el Procurador aseguró que la declaración del Presidente Santos ratifica que ha pensado y discutido con algunas personas que a la Policía Nacional se vinculen desmovilizados, así sea en calidad de “guardabosques”.

“Esa nueva policía rural, conformada con desmovilizados, obliga a suprimir o replantear las funciones que cumple la Dirección de Carabineros y de Seguridad Rural de la Policía Nacional, al igual que impactaría el papel de las Fuerzas Militares en los territorios. La creación de un nuevo cuerpo para la seguridad rural conlleva una reforma a la estructura actual de la Policía Nacional”, estimó el Procurador.

En ese sentido, para Ordóñez sí hay motivos para preocuparse por esa posibilidad y afirmarlo públicamente no tiene nada que ver con una mala intención.

Ordóñez aseguró que esta policía rural implicaría que la seguridad de las víctimas quede en manos de sus victimarios y que crearla sería igual que crear una policía con desmovilizados de las AUC para cuidar a las víctimas de las masacres que perpetraron.

“La fuerza pública siendo la depositaria de las armas de la República debe ser la principal defensora de los derechos humanos. No puede estar integrada por los autores de execrables atrocidades", señaló Ordóñez.