Este fue el tema de debate este jueves en la Corte Constitucional y fue una de las posiciones más duras y claras que escucharon los magistrados y el público en general en audiencia pública citada dentro del marco de un debate que ha surgido sobre si las parejas del mismo sexo pueden unirse en matrimonio, o no. 

El lío de fondo está, no en si las parejas del mismo sexo son familia o no, pues esto ya lo determinó así la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011. el debate se centra en cómo interpretar una orden de esa misma sentencia que decía que si el Congreso no regulaba el tema en un plazo de dos años, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión. 

En palabras de jueces, notarios y expertos que acudieron a la audiencia, fue la misma Corte la que armó el “entuerto” al no ser clara y decir cuál sería ese vínculo contractual. Un notario, por ejemplo, dijo que tenía que ser un contrato válido como escritura pública, pero no un matrimonio civil porque sigue intacto el artículo de la Constitución que dice que el matrimonio solo puede realizarse entre un hombre y una mujer. 

En cambio, una jueza señaló que la única vía válida era un contrato civil de matrimonio pues es el único que tiene todos los efectos jurídicos plenos y que hacerlo mediante otro contrato sería una burla para las parejas del mismo sexo, si se trata precisamente de proteger los derechos de la comunidad LGTBI. 

Lo trascendental de la decisión que está por tomar la Corte Constitucional es innegable y, en este sentido, ya el Gobierno Nacional da su voz a favor del matrimonio igualitario. Eso sí, hay varios matices que resaltar pues por un lado, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no dijo nunca directamente a la Corte que aprobara el matrimonio, pero sí dijo que tiene que haber un “vínculo contractual solemne y marital", que sea análogo al del matrimonio y que tenga todos los efectos legales de éste mientras el Congreso legisla sobre tema. 

Por otro lado, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que es la Corte la que debe pronunciarse porque no se puede seguir aplazando la satisfacción de los derechos fundamentales de una población, en referencia a la falta de operatividad del Congreso. 

Reyes dijo claramente que no existe argumento para no hacerlo pues desde el punto de vista estrictamente jurídico ambas constituyen familia y todas las uniones deben contar con los mismos instrumentos jurídicos. 

Una posición, incluso más diciente al respecto, la sentó el director de la ONG DeJusticia, Rodrigo Uprimny, quien dijo que hace 20 años hubiera sido un avance la unión solemne para parejas gay pero que hoy, en cambio, sería la consolidación de un “apartheid" por orientación sexual porque se le estaría privando de derechos a cierto tipo de la población. 

En medio del debate, la Procuraduría General, ampliamente criticada por la comunidad LGTBI dijo que su defensa de la “institución natural” del matrimonio entre hombre y mujer es netamente constitucional y no un acto de discriminación. 

No obstante, le pidió al Congreso y al propio Gobierno que impulse una legislación sistemática de los derechos de la comunidad LGTBI bien sea por una Asamblea Nacional Constituyente, por un acto reformatorio de la Constitución o por un referendo para que sea la ciudadanía la que se pronuncie. 

La definición sobre si Colombia aprueba o no el matrimonio igualitario está en la mira de varios organismos internacionales como Human Rights Watch que, a través de José Miguel Vivanco, señaló que no hay razón para no permitirlo a fin que se elimine la discriminación de la comunidad LGTBI y que, si no la hace, podría entrar a responder ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Tras esta audiencia, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se comprometió a entregar la ponencia de este trámite en un plazo no mayor de 30 días para que sea debatido de nuevo por la Sala Plena de la Corporación. Lo trascendental estará en si la Corte aprueba el matrimonio igualitario de una vez o envía el tema de nuevo al Congreso.