COLPRENSA - BOGOTÁ

Las Farc ingresaron esta semana a la arena política. El Consejo Nacional Electoral les entregó la personería jurídica y la colectividad, y casi que inmediatamente, lanzaron a sus candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República.

En el lanzamiento no hubo sorpresas: quien fue el jefe máximo de esa organización, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, será el candidato a la Presidencia; mientras que Imelda Daza, desde la UP será quien lleve las banderas a la Vicepresidencia.

Por cuenta de los acuerdos de paz, el partido de las Farc ya cuenta con cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado, lo que implica que los nombres anunciados serán quienes los representen en el juego democrático en el 2018. Sin embargo, pese a que la guerrilla ha dicho que quiere sacar una votación alta para tener una mayor representación en el Congreso, este escenario no se ve viable en el futuro cercano.

Sin poder electoral

Camilo Vargas, analista de la Misión de Observación Electoral, MOE, sostiene que en el Senado los partidos minoritarios como Alianza Verde, Opción Ciudadana y el Polo necesitaron en la anterior elección cerca de 600 mil votos, por lo que la guerrilla debe aspirar a una cifra similar. Sin embargo, advierte que los departamentos donde tienen alto arraigo, como Caquetá, Putumayo y Guaviare, no cuentan con una alta presencia en el Congreso.

Vargas advierte que estos territorios no son nuevos para la democracia, pues allí ya existen familias políticas consolidadas, pero agrega que “las posibilidades de éxito del partido de las Farc son inciertas, pues las zonas donde esperan que los ciudadanos se acerquen a votar son zonas rurales y allí hay varios problemas”.

“Primero, son poblaciones dispersas que no van a generar mayores cambios en la votación; y segundo, son regiones con bajo acceso a puestos de votación y las medidas para aumentar esos puestos no se han tomado y difícilmente se tomarán para el 11 de marzo”, indicó Camilo Vargas.

Las sanciones

Del mismo modo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno no había considerado la posibilidad que las inhabilidades disciplinarias continuaran en la hoja de vida de los exguerrilleros, luego de haber suspendido las sanciones penales de los mismos.

Así mismo, dijo que el Gobierno quiere honrar su palabra y resolver esa preocupación dada a conocer en la mañana de este viernes por el procurador General, Fernando Carrillo.

“Estamos estudiando varias alternativas; una de ellas es hacer una precisión en los proyectos que se adelantan en el Congreso; otra es que se pronuncie la Corte Constitucional en el estudio que le está haciendo al acto legislativo 01 de 2017”, explicó.

LA IMPLEMENTACIÓN EN EL CONGRESO

Pese a la fuerza que puedan tener o no las Farc en las regiones, el problema de la implementación de los acuerdos también debería preocuparlos, pues el Congreso todavía no ha aprobado ni la Reforma Política ni la Justicia Especial para la Paz. El gran problema es que de no ser aprobadas esas iniciativas su participación quedaría sin piso jurídico.

Los analistas coinciden en que hay total incertidumbre con respecto a la aprobación de las leyes en el Congreso antes de que se cumpla el periodo del mecanismo conocido como Fast Track.

Para Esteban Salazar, investigador de la fundación Paz y Reconciliación, de no ser aprobada la participación política quienes resulten titulares de esas curules “deberían pasar por un tránsito donde tengan voz y no voto. Entrarían a participar los que no hayan sido parte directamente de la guerrilla, pero sería un gobierno en cuerpo ajeno que no refleja el espíritu del acuerdo de paz”.