“Me veo en la obligación de renovar nuestras solicitudes del 23 de diciembre del 2016 y el 13 de enero de 2017, en el sentido que considere la posibilidad de designar un juez y magistrado con dedicación exclusiva para atender este proceso o que se adopte cualquiera de las medidas a disposición de esa Corporación, para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto, no culminen con fallos absolutorios”, se lee en el documento.

El fiscal mostró su preocupación e hizo una radiografía del proceso luego de percibir que en la etapa de juzgamiento no se han tenido avances.

Añade en su documento que pese al tiempo que ha transcurrido “aún no es posible hacer un pronóstico claro respecto de la época que culminará ese juicio, ya que cuatro años después de haberse formulado la imputación, continuamos en audiencia preparatoria sin que se avizore la iniciación del juicio oral”.

Antecedentes

El fiscal General, Néstor Martínez, recapitula que el conocimiento de los hechos delictivos se tuvo en noviembre del 2012, las judicializaciones mediante imputación de cargos se hicieron en 2013 y el escrito de acusación se radicó en marzo del 2014.

Es decir, han pasado tres años sin que hasta la fecha sea posible hacer un “pronóstico” de cuándo terminará el juicio.