"O te vas o se va la señora sola, necesitamos las tierras", recuerda este campesino de 53 años sobre la amenaza lanzada por milicias de ultraderecha en 1994.

En vísperas del duelo presidencial del domingo entre una izquierda reformista y una derecha conservadora, que tiene a la propiedad rural en el centro del debate, este hombre canoso y flaco aún recuerda los animales y cultivos que perdió a la fuerza.

De espaldas al sol sabanero, rememora el día en que "los paras" lo acusaron de agitar a los campesinos para luego advertirle: vendía a un precio irrisorio o lo mataban antes de "negociar" con la viuda. "Mientras yo era obediente, yo era feliz y ellos contentos".

Entonces se vio forzado a dejar la finca de 5,5 hectáreas que tenía en Montería, una de las regiones más fértiles del norte de Colombia. El predio le había sido entregado por los mismos "paras" como parte del plan de dominio territorial que lanzaron contra la guerrilla comunista FARC. Ambas organizaciones ya depusieron los fusiles tras una guerra de millones de víctimas.

José se desplazó al casco urbano de Montería, departamento de Córdoba, donde rozó la miseria. "El campesino no se hace en la ciudad, se hace en el campo", señala al evocar los días de empleos informales y mal pagados.

Como él, más de siete millones de campesinos tuvieron que abandonar sus terrenos o fueron expoliados en el marco del conflicto armado que ha desgarrado durante más de medio siglo a la cuarta economía latinoamericana.

Un despojo que empujó a la mayoría a los cordones de pobreza de las ciudades. Guerrilla y paramilitares comparten por igual las responsabilidades en este fenómeno.

Sin embargo, José renació en 2011 cuando vio en televisión el anuncio de que el gobierno, que estaba por negociar con los enemigos de los paramilitares, pretendía devolver la tierra a los despojados.

"Los tiempos de Santos"

 Dos décadas después, gracias a la ley de restitución, José recorre los predios que nunca más creyó pisar.

En siete años, 37.000 labriegos han recuperado 300.000 hectáreas. Otras 700.000 están en proceso de reclamación ante los jueces.

Además de esta iniciativa, el gobierno negoció, dentro del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, una reforma rural aún pendiente para distribuir tres millones de hectáreas y formalizar otras siete millones para pequeños propietarios.

José es uno de los pocos que reconocen la obra del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, quien pese a sus esfuerzos de paz arrastra una impopularidad del 80%. Incluso rebautizó su pequeña parcela en honor al mandatario: "Los tiempos de Santos". Así se lee, en letras naranja, la estaca que da la bienvenida a la finca.

Ahora teme un futuro sin Santos. "Si en cuatro años de un gobierno que nos devolvió (las tierras) faltaron cosas, ¿qué pasará con un gobierno contrario?", se pregunta este padre de cuatro hijos y abuelo de dos nietos.

La ley de restitución tiene vigencia hasta 2021 y una ampliación dependerá del siguiente mandatario, un cargo que se disputan el derechista Iván Duque, favorito en los sondeos, y el exguerrillero Gustavo Petro.

Aunque Duque, que promete modificar el pacto con las FARC, no se ha pronunciado sobre esta legislación, su entorno, en el que hay grandes propietarios, se ha opuesto con ferocidad.

Petro, por su parte, aboga por profundizar el acuerdo y concretar la aplazada reforma agraria.

Tierras como botín

 El enfrentamiento, que empobreció a miles, enriqueció al puñado que se quedó con los terrenos arrebatados.

Con la violencia como protagonista, Colombia es el país con más desigualdad en el acceso a tierras del continente por delante de Perú, Chile y Paraguay, según la ONG Oxfam.

"La concentración excesiva de la tierra en Colombia se explica porque muchas de las élites regionales del país viven, en el fondo, de las rentas de la tierra, es decir, de valorizar tierras, no necesariamente de usarlas de forma productiva", explica el investigador Alejandro Reyes.

Los grandes propietarios aprovechan "el nivel muy bajo de impuestos sobre la tierra" para acumular territorios, agrega el autor del libro "Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia".

A esto se suman otros desafíos: el narcotráfico y los asesinatos de reclamantes de tierra, que ascienden a 29 desde la promulgación de la ley, señala el director de la estatal Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal.

"La política restitutiva tiene muchos enemigos", acota. De las tierras que faltan por entregar, casi una quinta parte está en zonas de siembras ilegales.

Colombia tiene el mayor número de narcocultivos del mundo y es el principal productor de cocaína, un negocio que ha financiado por igual a todos los grupos ilegales.

"Las tierras se convirtieron en un botín para el lavado de dineros del narcotráfico y de la corrupción", agrega Reyes.

Recuperada la tierra, los campesinos lidian con nuevos problemas. Aunque la ley ofrece ayudas económicas para cultivos, animales y capacitaciones, aún falta infraestructura pública.

Sin acceso para autos, a la casa de Alarcón solo entran motocicletas o caballos. No tiene agua ni luz, y las inundaciones arruinan las siembras. Aun así se siente feliz. "Regresé a mi origen: ser campesino (...) la tierra es todo".