La idea del alto tribunal es determinar cuáles son los parámetros para establecer si en el entorno laboral se produce una relación de discriminación racial.

La Corte tomó la decisión luego de analizar una tutela que instauró un ciudadano afrodescendiente, quien alegaba un constante maltrato por parte de sus compañeros de trabajo, los cuales se referían a él con expresiones que considera denigrantes para su origen étnico.

El caso del afectado inició a comienzos de 2013 cuando solicitó una investigación interna a los directivos de la empresa donde trabajaba, por supuesta discriminación racial. Semanas después se le informó que no se encontró ninguna conducta irregular en su contra y días más tarde el departamento de Gestión Humana le informó que su contrato había sido terminado unilateralmente y sin justa causa, al parecer, por su supuesta baja sensible en las ventas.

Para este hombre se trató de una retaliación por la investigación interna que solicitó, por lo que instauró denuncias penales y disciplinarias en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, al igual que puso conocimiento de su caso en el Ministerio de Trabajo, en donde el caso fue procesado durante tres años y finalmente fue archivado.