Barrientos ha revelado secretos de la iglesia católica en razón a la pederastia, que a su juicio, se registra por parte de sacerdotes. En su libro expone serias acusaciones en contra de grandes líderes de la religión.

Por sus señalamientos, tiene al menos 10 denuncias en su contra. Algunas interpuestas por los actores de su libro, otras más por ciudadanos que consideran que su escrito atenta contra la iglesia.

Pese a esto, el periodista ha insistido en su labor, incluso ha solicitado información religiosa por medio de acciones judiciales debido a la negativa de la iglesia.

El abogado Juan Carlos Upegui, miembro de Dejusticia y quien defiende los intereses de Barrientos, en diálogo con COLPRENSA señaló que “tiene más material y está por hacerse a otro, pero ha tenido muchas dificultades para acceder esa información”.

El penalista señaló que la Arquidiócesis de Medellín se ha negado a permitir acceso a su archivo, por lo que el periodista ha llevado este evento a casos judiciales que se surten, incluso, en la Corte Constitucional.

En este caso, es el magistrado Carlos Bernal quien conoce el proceso y será el encargado de emitir una decisión sobre el derecho de los periodistas a tener acceso a información.

Dejusticia como uno de los comúnmente consultados por la Corte, emitió un concepto en el que deja ver la importancia de la investigación de Barrientos sobre este caso y la importancia de solicitar información.

Además de esto, señalaron que no son ajenos al caso. “A lo largo de catorce años hemos realizado acciones de investigación, litigio e incidencia en distintos temas, incluyendo asuntos relacionados con transparencia, acceso a información pública, lucha contra la impunidad y derechos de víctimas de violencia sexual”.

Por esto, la entidad consideró que a Barrientos se le vulneró el derecho a hacer peticiones y recibir respuesta. “Además, que no sólo tiene derecho a que contesten sus peticiones de forma completa, concreta y de fondo, sino que también tiene derecho a que dicha respuesta sea positiva y la información que solicitó sea entregada”.

Para Dejusticia, no entregar información también es una afectación a los derechos, en ese caso a acceder a información de interés público y, la libertad de expresión y de prensa.

Lo que dijo la Flip y los procesos judiciales en su contra

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por medio de un comunicado de prensa, rechazó los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista luego de la publicación de su libro.

De acuerdo con la Fundación, en la última semana, Barrientos ha sido notificado de tres tutelas interpuestas en su contra por dos sacerdotes y un excoordinador de monaguillos, presuntamente responsables de delitos contra la integridad sexual de una de las fuentes del libro.

"La decisión más preocupante ocurrió el pasado 25 de octubre cuando el Juez Promiscuo Municipal de San Rafael (Antioquia), ordenó, de forma transitoria, al periodista y su editorial, suspender la reproducción, comercialización y venta del libro llamado ‘Dejad que los niños vengan a mí’”, dicen que dicha decisión fue tomada como medida provisional en el marco del proceso de tutela interpuesto contra Barrientos por el excoordinador de monaguillos del municipio.

Para la FLIP, la orden de suspender la publicación del libro es contraria a la prohibición de censura previa de los artículos 20 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades, incluidos los jueces, no pueden establecer medidas de supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación", señaló la fundación.

Pese a esto, la Flip señala que esta no ha sido la única decisión que viola directamente los derechos fundamentales del periodista. Pues este martes, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, quien tramita una de las tutelas interpuesta por un sacerdote, resolvió dar cuatro horas al periodista para que entregue los datos de una de sus fuentes, señalando que “la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar”.

La Corte Constitucional ha señalado que la facultad de negarse a entregar la información que obtuvieron durante la reportería es un derecho fundamental de los periodistas.

Teniendo en cuenta lo señalado, la FLIP ha adelantado distintas acciones en apoyo del periodista para revertir las decisiones. Además, le exige a los funcionarios judiciales del caso que respeten las garantías constitucionales del derecho a la libertad de expresión y que, en consecuencia, revoquen las decisiones inconstitucionales y se abstengan de tomar decisiones que violen el derecho fundamental a la libertad de expresión de los periodistas colombianos.