El procurador delegado anunció que el general se encuentra ante los estrados disciplinarios por hechos ocurridos mientras ocupó la Inspección General en donde suscribió dos contratos para la realización de dichas residencias.

Lo que llama la atención del procurador es que, además, de que las obras quedaron inconclusas y a la fecha no se ha culminado su construcción, el general también se habría extralimitado en sus funciones dado que, según el Ministerio Público, a través del presunto tráfico de influencias en su actual cargo habría tratado de persuadir la investigación en su contra.

Si bien al empezar la diligencia, que tardó un poco más de tres horas, el abogado de Atehortúa trató de persuadir a los procuradores para que la audiencia se aplazara porque, a su juicio, el Ministerio Público no entregó las pruebas en contra de su defendido, para estudiarlas, la Procuraduría decidió avanzar con el procedimiento.

El delegado del Ministerio Público, Carlos Orjuela, leyó el documento en el que reposa los cuatro cargos que le formularon.

La Procuraduría calificó los cargos en esta etapa del proceso a título de dolo y trasladó información a la Fiscalía General para que se investiguen hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto.

Si bien la diligencia estuvo presidida por la Procuraduría, el abogado de Atehortúa señaló que este tiene fuero constitucional y reiteró que las pruebas que vinculaban a su cliente no habían sido tenidas en cuenta por parte de la defensa.

Dato: 

El próximo viernes se despejarán dudas y habrá peticiones en las que no se descarta que la defensa objete la competencia de la Procuraduría.