La determinación de dejarlo privado de su libertad es del fiscal Gabriel Ramón Jaimes, designado por el fiscal general, Francisco Barbosa, para que adelante las labores investigativas en dicho proceso político-judicial, que puso en jaque al exsenador, al punto de llevarlo a renunciar a su curul en el Congreso de la República.

La jugada de su renuncia surtió efecto, porque la Corte Suprema, finalmente, trasladó el expediente para que la Fiscalía lo indague, a juicio de la defensa de Uribe, el abogado Jaime Granados, con garantías jurídicas. Sin embargo, el mismo fiscal determinó que la investigación se surtirá bajo la ley 906 de 2004, que es el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

En este caso, fuentes oficiales de la Fiscalía explicaron que Granados deberá solicitar la audiencia ante los juzgados de garantías para que se revoque la medida de aseguramiento en contra de Uribe. No obstante, ese es el primero de los trámites que se surtirá en el proceso.

De acuerdo con el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte no son validas en el proceso que se surtirá por la ley 906, esto debido a que la investigación deberá surtirse desde cero. Una vez existan los argumentos suficientes para crear una posible responsabilidad del exsenador, este será llevado ante los estrados judiciales para imputarle cargos.

En este caso, Uribe es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno, cargos por los cuales, si encuentran responsabilidad, el fiscal Jaimes deberá presentar ante un juez de control de garantías las solicitudes de imputación, e incluso, si considera necesario y si no ha sido revocada la detención, también esta será expuesta ante un delegado de la rama judicial.

Inicialmente, el proceso contra Uribe se encontraba bajo la ley 600 del 2000, que es básicamente, que la entidad que lo investiga, es quien decide si impone medida de aseguramiento, si lo llama a acusación o si por el contrario lo absuelve. Esta figura la tiene la Fiscalía General, sin embargo, para Mendoza Diago, esta posibilidad en el caso Uribe no era viable porque los presuntos delitos fueron cometidos después de 2016.

Barbosa y las recusaciones

Respecto de Barbosa, el exfiscal señaló que no hay razón por la cual deba declararse impedido, debido a que la investigación no recae directamente en su despacho sino en un tercero. Además de ello, argumentó que una recusación en su contra, debe ser hecha por presunto interés en el resultado del proceso.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien hace parte del proceso como víctima, durante esta semana recusó al fiscal. Y este viernes la Corte Suprema de Justicia, por esta vez, no le dio la razón.

La corporación explicó que si el fiscal general se declarara impedido o no aceptara la recusación, esta debía ser enviada a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que se resuelva, y en caso que prospere quien continuará conociendo de la actuación es la vicefiscal.

El alto tribunal añadió que si el fiscal tuviese algún motivo por el cual declararse impedido y no lo hace, las personas vinculadas en el proceso tendrán la potestad de recusarlo, de ahí la insistencia del senador del Polo Democrático.

“Del contenido de las normas citadas, se evidencia claramente que, tratándose de recusación, el procedimiento impone la manifestación previa del funcionario respecto del alcance de la misma, para el presente asunto, del Fiscal General de la Nación”, dice el documento.

Como para la Corte el trámite no se surtió de tal manera, determinó antes de decidir sobre el caso, remitir el asunto al despacho del fiscal para que entregue su versión. Ha trascendido desde la Fiscalía, que Barbosa no se declarará impedido. Se prevé que durante los próximos días el jefe del búnker entregue tal comunicación a la Corte.

Si bien, Cepeda en el primer round no salió victorioso, junto con su abogado Reinaldo Villalba aún tiene más acciones penales qué interponer. Este viernes, precisamente anunció que denunciará penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al fiscal porque a su juicio, “violó la ley”, al haber designado como fiscal principal del caso Uribe, a Jaimes.

“Vamos a denunciar penalmente al fiscal Barbosa ante la Comisión de Acusación de la Cámara por haber burlado la solicitud de recusación de la parte civil, de la cual él estaba debidamente notificado”, argumentó el senador.

No obstante, las recusaciones de Cepeda no llegan hasta ahí. En rueda de prensa de este viernes, aseguró que si es necesario también recusará al fiscal del caso. Sumado a ello, el senador también anunció que solicitarán a la Procuraduría General que investigue a congresistas uribistas que se habrían manifestado a favor del expresidente Uribe.

“Vamos a pedirle al señor Procurador General de la Nación que investigue a 16 congresistas de Centro Democrático por abuso de funciones”, dijo el senador.

Quién es el fiscal que lleva el caso Uribe

Jaimes es el actual coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y tiene más de 20 años de experiencia en cargos judiciales y disciplinarios, pues fue cercano a la administración en la Procuraduría General, mientras el hoy embajador en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez estuvo al mando.

El fiscal estuvo al frente de investigaciones claves en el Ministerio Público. Lideró investigaciones contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, que terminaron con su condena en la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Además de ello, en la Fiscalía desarchivó la investigación en contra del actual gobernador de Magdalena Carlos Caicedo que derivó en una captura preventiva y posterior condena a ocho años por el delito de peculado por apropiación y medida de aseguramiento sin beneficio de libertad condicional.

Caicedo, tras conocer de la designación de Jaimes Durán en el proceso Uribe, recordó su investigación y la catalogó como un “montaje” por parte del funcionario del búnker. “Utilizó la Fiscalía para hacerme un montaje (…) en el montaje con el que me sacaron de la Universidad y privaron de la libertad casi 5 años, también participaron congresistas, luego condenados por paramilitarismo. Todo por el pago de las cesantías legales a 47 docentes y por contrataciones que se regían por Ley 30 y no Ley 80”, dice el trino en su cuenta oficial, publicado este viernes.

Caicedo añadió “como víctima del montaje orquestado por el fiscal Gabriel Jaimes, me veo en la obligación de advertir al país que las posibilidades de verdad y justicia podrían verse seriamente afectadas con esta designación. Espero que la institucionalidad y el Estado de Derecho prevalezcan”, dice el tuit.

A Jaimes, además de dicha gestión, le fue encomendado por el fiscal Barbosa, coordinar un grupo especializado para investigar las irregularidades que se presentaron en el entramado de corrupción con la firma Odebrecht. Eso, sin contar que tiene a su cargo más de 30 procesos penales y desde la unidad que preside, es el encargado de investigar aforados constitucionales y generales de la fuerza pública.