Las cifras de quemados a causa de la mala manipulación de la pólvora sigue causando preocupación en Colombia, pues aunque las autoridades de salud habían presentado una reducción en el número de casos en 2018, frente a 2017, después de la celebración de Navidad los datos se dispararon y superaron las de hace un año.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación encontraron el cuerpo sin vida del exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República y excónsul en Londres, Rafael Merchán, en circunstancias que ya son materia de investigación por parte de las autoridades.

El capitán de la Policía Eduardo Merchán Prieto, quien es acusado de abusar sexualmente a la teniente Kelly Johana Sierra tras la fiesta azul de suboficiales de la institución en Valledupar, fue capturado en las últimas horas en el departamento de La Guajira.

Se conoció que Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal General, en el año 2013 representó a la Universidad Sergio Arboleda en un proceso judicial.

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, anunció en el marco del Encuentro de alcaldes de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que el Gobierno Nacional financiará la capacitación y formación de 500 servidores públicos en estas poblaciones del país.

Tras la celebración de Nochebuena, el consolidado de personas quemadas con pólvora aumentó a 339, un 1,7 % menos que el registrado un año atrás cuando se presentaron 345 afectados, según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Salud (INS).

El director (e) de Seguridad Ciudadana de la Policía, general William Salamanca, anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos por quien brinde información sobre la persona que en la madrugada de ayer hirió a una menor de 13 años de edad en Sitio Nuevo, Magdalena.

El presidente Iván Duque mantiene las exigencias hechas al Eln para retomar la mesa de negociación.

Las interceptaciones a las líneas telefónicas de Arizala Vernaza se llevaron a cabo durante un poco más de seis meses.

La Cancillería elevó una nota verbal a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que expuso el caso de decenas de connacionales que se encuentran privados de la libertad desde el 1 de septiembre de 2016.