“No nos sorprenderá que llamen a juicio, que nos condenen, porque eso es lo que esperan, con una condena por cohecho, por ejemplo. Eso no prescribe. Con ello tratan de que jamás pueda regresar a mi país y obviamente que no pueda participar en elecciones”, dijo Correa.

El expresidente, a quien la justicia ecuatoriana ordenó su ingreso en prisión preventiva por su presunta implicación en un caso de sobornos, rechazó las imputaciones y avisó que el proceso continuará pese a que él no se encuentre en Ecuador.

La jueza nacional Daniella Camacho ordenó esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien investiga una trama denominada “Sobornos 2012-2016” (antes “Arroz verde”).

La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.

El exmandatario denunció que “uno de los indicios para involucrarme” es que en 2014 recibió un préstamo de 6.000 dólares de una asesora que manejaba el fondo de solidaridad de la presidencia “construido con nuestros propios aportes”, un préstamo “que pagué hasta el último centavo”.