Para lo cual se hizo acompañar de la rectora del sector, la exdirectora de la Cámara de Comercio de Bogotá María Fernanda Campos, quien apenas si encaró el tema, más no con la profundidad esperada, ya que se limitó a hacer fragmentarios pronunciamientos sobre su financiación y el sempiterno tema del incremento de su cobertura, y a recomendar maternalmente a los maestro el cumplimiento de sus horarios, sin entrar a reparar tópicos de similar o mayor importancia, los cuales eludió o tocó de manera superficial sin abordarlos acorde con su complejidad y sin detenerse a analizar sus factores causales.

Por supuesto que de esta forma evadió cualquier conato de debate, pudiendo así centrarse en la lección preparada sobre cómo la cartera a su cargo ha venido cumpliendo “formalmente” su tarea, sin que importe que sus logros sean inanes y de menguado impacto en la realidad nacional.    

No se oteó siquiera, el problema de la disfuncionalidad familiar y sus efectos en el desenvolvimiento intelectual de la niñez, o las consecuencias de una mala nutrición en la etapa prenatal y en la primera infancia como factores fundamentales de la desigualdad y la inequidad sociales, en cuanto son las instancias en donde se cuajan la capacidad de comprensión y la inteligencia necesarias para transitar con éxito por los diversos ciclos educativos y en donde se forma la persona para poder, en un estadio superior del sistema, ingresar, permanecer y discurrir con buenos resultados, y menos el problema de consumo de droga en los centros educacionales que ya alcanza niveles epidémicos aupado por la normatividad permisiva de reciente implementación.

E igualmente le hizo el esguince a la discusión sobre la heterogénea calidad, la precaria pertinencia y la ninguna competencia que se viene generando con la formación brindada en la primaria y el bachillerato en escuelas y colegios públicos y aun privados de todo el país, fundamentalmente los rurales, los de los pequeños poblados, las ciudades intermedias e incluso los de las capitales de los departamentos pobres, base de la injusticia social que evidencia Colombia.

Dejando así mismo de enfocar y valorar cual es la incidencia del sistema de educación vigente en las cifras de atraso, pobreza, desempleo y el elevado grado de diferenciación en el ingreso que existen en nuestra sociedad, más graves que las de la mayoría de los países latinoamericanos y no mejores que las que se evidenciaban en la pasada centuria.

Sin que se advirtiera que el alto gobierno si sabe “p'a donde va” y cómo aspira a orientar el esfuerzo educativo hacia el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades socio-económicas, objetivos que se deben hermanar en una sola prioridad.

De manera que la desazón persiste ante un debate que no se dio, incrementando la angustia que produce el ver que no se está gobernando el sector con la eficacia debida.