En su momento, la Constitucional en defensa de la integridad de la Carta ante las amenazas de todo tipo que pretendían cercenar sus espacios de defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos y de mantener firmes las bases esenciales del Estado Social de Derecho. El reconocimiento a su labor ha sido expreso desde sus inicios. O sea, ya tiene bien ganada la fama en este sentido, como la tiene, -por otro lado- la mala fama desde su creación el Consejo Superior de la Judicatura.

La Corte Suprema de Justicia, logró –también en su hora – frenar el ímpetu agresivo de la extrema derecha en su propósito de incrustar hegemónico y dominante, en la cúspide del Estado (o mejor, en la Casa de Nariño) la tenebrosa alianza entre paramilitarismo y política electoral, que alcanzó a mostrar sus filudos dientes en varias actuaciones gubernamentales. Sin embargo, cuando todo indicaba que el protagonismo democrático de defensa de los objetivos teleológicos de la Constitución no saldría de esas dos altas Cortes, aparece ahora, -para bien de la Nación-, un fortalecido y vigoroso Consejo de Estado, con trascendentales fallos orientados a combatir la corrupción en las altas esferas del Estado, y mantener a salvo y bien protegido el esquema de pesos y contrapesos necesarios para el buen funcionamiento de la democracia colombiana.

Sacar del juego judicial a magistrados de las altas Cortes que habían sembrado semillas de corrupción y clientelismo para su designación en los cargos, resultó sorprendente para la opinión pública, que nunca antes había presenciado la competencia del Consejo de Estado en éstas áreas. Fue una decisión refrescante, seria y trascendental para la institucionalidad colombiana. Pero las buenas noticias y sorpresas no paran ahí: ahora viene el estudio en relación con la elección del Procurador General de la Nación, que ya cuenta con ponencia del Magistrado Alberto Yepes para echar abajo la reelección del Procurador General de la Nación, por ser su elección, ante todo arbitraria y permisiva a la concentración de poder.

La discusión central sobre el tema, no se centra en las decisiones arbitrarias y polémicas adoptadas por el procurador Ordóñez a lo largo de su controvertida administración, sino en la forma en que fue elegido. Ojalá el fallo final esté a la altura de las esperanzadoras expectativas de los demócratas integrales de Colombia. Por estos agitados días futbolísticos, el Consejo de Estado va anotando los mejores penaltis contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo en Colombia. Un buen consuelo para despedir el Mundial.