Muchos sospechábamos que las cosas no iban bien en el campo colombiano. Bastaba caminar un poco para entender que la guerra, la pobreza, la mala educación, la vetusta infraestructura y las miopes políticas públicas se habían ensañado con el país profundo. Sin embargo, el Censo Agropecuario y la reciente Misión Rural –liderada por José Antonio Ocampo- revelan la gravedad de la situación.
La fragilidad del Estado reflejada por la inexistencia o precariedad de la institucionalidad, es una de las principales conclusiones. No es un secreto ni una sorpresa. De hecho, las guerrillas y otros grupos ilegales -ayer los paramilitares y hoy las bandas criminales- han reemplazado la autoridad del Estado y la han ejercido, a su modo y en beneficio propio, para bien o para mal. No sorprende que haya lugares en el país donde el éxito de las negociaciones de La Habana es visto con preocupación y temor, no por que no quieran la paz, sino porque las Farc han sido un para-estado que ha administrado justicia y protegido las poblaciones.
Esto es difícil de entender para un citadino que ha visto la guerra por televisión y sigue pensando que la ruralidad queda lejos de todo pero especialmente del corazón de los colombianos. Por eso la proclividad de buena parte del país a seguir pensando en la guerra como salida al conflicto.
Tampoco sorprende entonces que el primer punto de las negociaciones haya sido el tema rural. De todo se ha dicho para desacreditar la negociación, especialmente en este asunto. Por supuesto, que hay intereses poderosos sobre la tenencia de la tierra y la ociosidad de la propiedad que paga impuestos insignificantes, razones de fondo para oponerse a los cambios sustanciales que tienen que ocurrir en el Campo no solo para pagar la deuda social que tiene el país con la ruralidad sino para que Colombia pueda ser la potencia productora de alimentos para el mundo que es una de sus grandes oportunidades.
La Misión rural señala numerosos caminos a transitar para lograr equidad, desarrollar el campo y conjurar otro episodio de violencia hacia el futuro. Habrá redistribución de baldíos y de tierras ociosas, pero también respeto para la inversión privada que apunta al desarrollo sustentable y a la generación de riqueza con impacto social.
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