En Colombia ya existe la cadena perpetua, lo que no hay es operadores judiciales que la quieran aplicar. Y es que, en la práctica, una condena máxima de 60 años para una persona que cuenta con 40 de edad o incluso 30, ya es un castigo que si se impusiera a cabalidad equivaldría a privar de la libertad durante casi toda la vida a un condenado por delitos tan graves como el abuso y el asesinato de niños.
El problema entonces no ha estado nunca en la tasación de la pena sino en que pocos jueces, fiscales y procuradores velan por el cumplimiento estricto de estas elevadas sanciones y porque aún los peores criminales que atentan contra lo más valioso que tiene la sociedad, que son los niños, cuentan con prebendas y beneficios carcelarios que deberían ser verdaderamente evaluados.
Recuerdo que hace poco, en Ibagué, le dieron permiso a un grupo de internos para salir a sus casas durante un par de días. Entre ellos iba un “violador profesional” que apenas salió de la cárcel violó a una adolescente que vivía en una finca cercana al penal. Aunque el delincuente fue recapturado, nadie nunca dio una explicación satisfactoria sobre su salida de prisión. El Inpec le echó la culpa al juez y este a su vez a la administración del establecimiento carcelario, pero el daño ya estaba hecho y había quedado de por medio una niña violada y asesinada durante la ‘palomita’ del preso.
¿Dónde está, sin embargo, el centro del asunto? ¿Deberíamos aumentar las penas y desgastarnos en un debate que, en todo caso, no pasará el examen de constitucionalidad de la Corte o crear una norma menos compleja que la de la cadena perpetua que indique que a todo asesino de niños, sin atenuantes posibles, se le aplicará la pena máxima de 60 años y se excluirá de cualquier beneficio? ¿No estaría la solución en que los jueces -aún dentro del marco legal que nos rige- fueran rigurosos en la imposición de estas sanciones y en la vigilancia de que se cumplan en su integridad y sin excepciones?
No creo que existan penas laxas, en cambio creo que hay funcionarios judiciales que con laxitud y un garantismo exagerado las vienen aplicando e interpretando. Del otro lado, creo que hay una sociedad que quiere desplazar su responsabilidad de educar y prevenir y concentrarse en respuestas facilistas pretendiendo resolverlo todo con cárcel.
jmacevedom@gmail.com
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