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En el pasado, con partidos de verdad, hubo sesiones tormentosas por la confrontación política; otras antecedidas de gran expectativa, como el “renovado” Congreso tras su dictatorial revocatoria por la Constituyente en el 91; o las de 1958, luego de casi 10 años de ruptura institucional por el antidemocrático cierre de las Cámaras ordenado por Ospina Pérez; o las muy sonadas “zambras”, como cuando el Presidente Lleras Restrepo, en pleno auge de la oposición anapista, en 1970 iba a ser agredido por la fogosa ‘nena’ Rojas a quien la Policía casi tuvo que alzar para sacarla del recinto.
Hasta el transcurso del mismo día del 20 de julio fue distinto: no hubo tedeum en la Catedral, ni desfile militar. Tampoco almuerzo del Presidente con sus ministros en el palacio de la carrera, previo a su salida para llegar al Capitolio a instalar el Congreso, pasando por las estatuas de Núñez y Mosquera, que afortunadamente a nadie se le ha ocurrido demoler.
Tampoco vimos en Cámara y Senado la integración de las comisiones “protocolarias” en la que uno que otro lagarto se disputaba por hacer parte de la que, pasando por el Patio Núñez, invitaba al Presidente a trasladarse al Capitolio. Tampoco oímos sonar el himno nacional a su llegada. Ni a su salida, cuando podía, además, organizarse alguna “jugadita” con la ayuda del Vicepresidente senador Pulgar, a quien esta vez no le oímos referirse en malos términos a Andrés, el buen hermano del Presidente.
Eso sí, días antes se dieron las habituales escaramuzas para elegir mesas directivas de las Cámaras en donde casi nunca hay sorpresas, como la que esperaba el exzar anticorrupción Gabriel Cifuentes con la elección de Iván Marulanda... Por cierto, en la tantas veces anunciada reforma política convendría establecer que esas mesas se elijan por todo el periodo: así no tendríamos varios “expresidentes” del Congreso, algunos sin libertad de locomoción y no propiamente por el Covid 19…
Lo mismo –tener periodos de 8 años– debería ocurrir con las presidencias de las altas cortes, siempre disputadas por los honorables togados a codo limpio, ante todo por la posibilidad de portar pasaporte diplomático de por vida y ser llamados ‘Presidente’ por un año, o menos.
Pero la novedad con consecuencias puede ser la que se deriva del fallo del pasado 09 de julio de la Corte Constitucional –del que apenas se conocen un boletín y un comunicado– que en apretada decisión 5/4 declaró “inconstitucional” el artículo 12 del decreto legislativo 491 de 2020, que “autorizaba” al Congreso y demás corporaciones públicas –de las ramas Ejecutiva y Judicial– a funcionar de manera virtual.
Recuérdese que el Gobierno no expidió ese decreto por ‘sapo’ sino porque los propios parlamentarios lo pidieron. En estricto sentido, como lo dije aquí mismo en su momento, el presidente del Congreso, interpretando la norma constitucional vigente, habría podido hacer la convocatoria virtual combinándola con la presencial y atendiendo las circunstancias excepcionales. Si la categoría existiera, el fallo no ha debido ser de “inconstitucionalidad” sino de “inutilidad”.
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