Muchas son las consideraciones que pueden hacerse a propósito del reciente relevo en la Casa Blanca más allá de si ello implica un necesario cambio en nuestra agenda internacional. No es verdad, como a veces suele decirse, que entre más dispersión partidista -o la ausencia misma de partidos- existan mayores posibilidades de alternación en el ejercicio del poder. Aún cuando en una especie de tradición no escrita, el periodo de cuatro años -el mismo nuestro- con pocas excepciones en la historia constitucional, se extiende a ocho por una reelección casi garantizada, esta vez, de manera poco usual, el mandatario en ejercicio no logró hacerse reelegir.
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Obviamente influyó la extraña personalidad del Presidente, la división que generó su política de extrema derecha, y su poco compromiso con causas como: la defensa del ambiente, la paz regional o la no intervención en asuntos internos.
Los hechos venideros determinarán cual será el precio que tendrá que pagar el partido republicano por haberse aferrado a tan estrambótico actor político, aunque parcialmente se distanció de él cuándo, contra toda evidencia, quiso desconocer el triunfo de Biden incluso tratando de utilizar el poder judicial -que no cedió- y hasta impulsó actos de amedrentamiento contra el Congreso.
Los dos sistemas presidenciales tienen rasgos comunes pero muchas diferencias. En cierta forma, el nuestro es como lo describiera Alfredo Vásquez Carrizosa un “presidencialismo imperial”, pues a diferencia del americano, no está sujeto a un régimen de pesos y contrapesos.
En Colombia la separación de poderes, por lo menos entre Ejecutivo y Legislativo, es más formal que real. Hasta un cierto momento de nuestra historia -diría antes de que campeara el clientelismo en todo su esplendor- teníamos Congresos claramente independientes del Presidente, cosa que desde hace mucho tiempo no ocurre. El presidente es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Es el gran dispensador de puestos al más alto nivel.
En cambio en EE.UU., cuna del presidencialismo, los principales nombramientos del Presidente (secretarios de Estado, Embajadores y Magistrados, entre otros) tienen que ser aprobados por el Congreso. Aquí solamente tuvimos ese sistema durante el régimen del liberalismo radical en el siglo XIX.
El presidencialismo americano permite la abierta intervención del Presidente en política, pero a la luz del día, y sin falsos eufemismos ni “leyes de garantías electorales” que sirven para esconder la intervención.
Aún cuando con el cedazo de la intervención del Senado, el Presidente nombra a los Magistrados -9 apenas de la Corte Suprema de Justicia-, como son inamovibles -solo se retiran por muerte o renuncia-, pueden ejercer lo que allá se llama el sagrado “deber de ingratitud”.
Aquí el Presidente no los nombra -solo terna a algunos- pero su mano extendida -desde hace varios lustros- llega hasta el Congreso. Y también de un tiempo a esta parte, los Magistrados de altas Cortes -con honrosas excepciones- no resisten una invitación a cenar en la casa privada del Palacio de Nariño a pesar del frío que atraviesa los huesos en las noches palaciegas.
El juicio político contra los Presidentes opera en verdad en los EE.UU. No así en Colombia. Cuando en 1949 el liberalismo lo quiso hacer, el Presidente cerró el Congreso. Mientras se mantenga el sistema actual en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, los Presidentes -y desde luego como Expresidentes- son intocables. En el 2015, cuando se quiso reformar la desprestigiada Comisión, la Corte Constitucional lo impidió con la peregrina tesis de que su eliminación violaba el “espíritu de la Constitución de 1991”.
Pero nuestro sistema presidencial no llega hasta donde sí lo hace el americano, de permitir a todos los Presidentes, al terminar su mandato, conceder indultos a delincuentes de todos los pelambres incluidos amigotes o cómplices. En Colombia, el Presidente solo puede conceder indultos por delitos políticos, y previa autorización legal.
En eso le llevamos ventajas, como ellos nos la llevan en independencia y controles políticos y judiciales.
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