Ambiegüedades políticas y penales

Nos preciamos de ser la democracia más sólida de América Latina pero olvidamos que, entre 1949 y 1958, no hubo Congreso ni separación de poderes. Y eso, sin contar, el golpe militar de 1953, apoyado por los dos partidos “históricos”. 

De todas las constituciones del siglo XIX, la que más rigió fue la liberal radical de 1863 que tuvo vigencia de 22 años, hasta ser “derogada” por una derrota militar. La del 86, con más de cien años de existencia, fue reformada en casi ochenta ocasiones. Y la actual, que apenas lleva treinta años, según un estudio reciente de la Procuraduría, dirigido por Fernando Carrillo, ha sido sometida a más de cincuenta y cinco reformas. Un promedio de casi dos cambios por año. ¿A eso se le puede llamar “estabilidad constitucional”? 

Pero tal vez es en la política criminal en donde más claramente se ven esos bandazos. Se suben o se bajan las penas al vaivén de hechos políticos y mediáticos. En los años cuarenta el delito más grave era el que cometían los cuatreros con penas altísimas sin excarcelación. 

En los setenta fue el apoderamiento y desvío de aeronaves, juzgado incluso por la justicia militar. En otras ocasiones las cárceles se llenaban de quienes giraban “cheques chimbos”, o de “vagos, rateros y maleantes” como decía una ley que rigió por un tiempo. 

Por los años ochenta una oleada hizo que se persiguiera prioritariamente a banqueros con penas no excarcelables. Ni que decir con los llamados delitos políticos, cuando altísimas condenas se perdonan por amnistías generales. 

En menos de seis años los del M-19 pasaron de ser “terroristas” a ministros y constituyentes. Un hecho curioso se presentó en los diálogos del Caguán durante la administración Pastrana. El gobierno de entonces organizó un periplo por Europa de los guerrilleros de las Farc -incluido Raúl Reyes- que comprendía hasta visita al Papa, todo auspiciado por el Estado. El mismo gobierno, meses más tarde, le pidió a la Unión Europea que incluyera en la lista de terroristas a los que habría tratado como turistas ilustres. 

El Estado colombiano, que durante la administración Santos le pidió a Cuba ser garante de procesos de Paz con las Farc y el ELN después, bajo otro gobierno, solicita que la incluyan en la lista de colaboradores del terrorismo por tener a los mismos guerrilleros que antes se les pedía que protegiera. 

Esos bandazos se han puesto de presente con el caso de la “influenciadora” conocida como “Epa Colombia” a quien el tribunal de Bogotá le impuso cinco años de cárcel por un acto de vandalismo. Irónicamente el propio Álvaro Uribe se queja de esa pena comparándola con las alternativas -sin cárcel- previstas por el Acuerdo de Paz.  Pero la comparación también puede hacerse con un Estado que aplica la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes, pero por “justicia y paz” le impone ocho años a Hernán Giraldo, el mayor depredador sexual dentro del paramilitarismo. Y el ejemplo vale por igual para algunos comandantes guerrilleros. 

Las penas y los procedimientos están “distorsionados” por la inestabilidad del sistema jurídico y político. Por eso es que quien comete un solo homicidio común puede pagar diez veces más que quien en el conflicto cometió centenares y hasta miles. 

Y ahora vamos a tener otra de esas paradojas: está bien que el Congreso autorice la comercialización de la marihuana recreativa. Pero, al mismo tiempo, el Estado seguirá castigando a los cultivadores de marihuana “no recreativa”. ¿Cómo hacer la diferencia? 

Encontrar los caminos para poner fin a ese desorden y esquizofrenia puede ser tema para los hasta ahora cuarenta precandidatos. 

Historia Constitucional. Gran aporte al necesario conocimiento de nuestra historia Constitucional ha hecho la Academia de Jurisprudencia con la publicación de los dos tomos que, con el aporte de expertos, resumen todo el trasegar histórico desde las primeras constituciones hasta hoy. Felicitaciones a la academia, a su presidente, Augusto Trujillo y a la secretaria, Adriana Peralta.