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Este último tiene una gran capacidad para no perder vigencia y para instalar sus ideas en el centro del debate nacional. Bien sea la reducción de la jornada laboral, la corte única, las pensiones, el plebiscito, la reforma tributaria, o sus evaluaciones sobre el desempeño del gobierno que ayudó a elegir, los medios siempre están listos para abrirle sus micrófonos al líder del Centro Democrático.
Lo mismo pasa con las redes sociales. Ahora, cuando nadie lo esperaba, y usando como ejemplo la condena por vandalismo en contra de la popular Epa Colombia, soltó, sin más, la tesis de una especie de amnistía general que comprendería elegibilidad política y reducción de penas hasta para los delincuentes comunes.
Claro que el tema no es nuevo. Desde los inicios de la República todas las constituciones han contemplado la figura de la amnistía, que consiste en “olvidar” los delitos políticos o conexos con estos y, en consecuencia, poner fin a procesos o condenas. Así fue durante el accidentado siglo XIX, cuando las guerras intestinas terminaban casi siempre en una amnistía para los “levantados en armas”, algunos de los cuales acababan después siendo gobernantes.
Lo mismo sucedió durante el siglo XX. Cuando Rojas Pinilla se tomó el poder con un golpe militar, amnistió a los guerrilleros liberales y también a los agentes del Estado que se hubieran excedido en su defensa. A varios de ellos, como a Guadalupe Salcedo, los mataron siendo indefensos desmovilizados. Algo similar a lo que ocurre hoy con muchos exguerrilleros de las Farc.
El Frente Nacional supuso una especie de amnistía política para quienes habían desencadenado la violencia partidista que dejó centenares de miles de muertos y desplazados. Con los mismos fines, Alberto Lleras hizo aprobar leyes de amnistía y decretó indultos para antiguos combatientes. Belisario Betancur concedió la más amplia amnistía para los integrantes de la Coordinadora Nacional Guerrillera y logró una tregua de un año, que terminó con la tragedia del Palacio de Justicia.
Siguiendo la tradición, Virgilio Barco, con los mismos instrumentos desmovilizó al M-19 antes de que se convocara la Constituyente de 1991. La nueva carta magna le dio amplísimas facultades al Presidente Gaviria para lograr la reinserción de grupos guerrilleros y, aun cuando ni las Farc ni el ELN se acogieron, sí lo hicieron otros grupos menores como el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Pastrana hizo lo mismo con las Farc y les concedió, en aras de conseguir la Paz, una zona de distensión de 42.000 km. En ninguno de estos procesos se exigió a los beneficiarios que contaran la verdad como contraprestación. Álvaro Uribe diseñó el mecanismo de “Justicia y Paz” para conseguir la desmovilización de los paramilitares, sin amnistía pero con pequeñas penas frente a la magnitud de los crímenes. Apenas se revelaron verdades a medias.
El Gobierno Santos se tragó varios “sapos” para facilitar la desmovilización de las Farc: modalidad de amnistía, y participación política inmediata de los ex guerrilleros. Además, fue preciso cambiar la Constitución para tramitar de manera expedita los desarrollos de los acuerdos de La Habana. Con ciertas particularidades se excluye la cárcel pero se aplican sanciones no privativas de la libertad y se exige, por primera vez, contar la verdad del conflicto.
Uniendo lo que aún rige de Justicia y Paz con lo que se acordó en La Habana, no se necesitarían nuevas amnistías generales, máximo si se incluyen delitos de lesa humanidad, lo que no está internacionalmente permitido, como lo ha recordado el Fiscal General, Francisco Barbosa. Además, ya no hay tiempo para tramitar semejante reforma constitucional en plena época electoral.
El presente como historia
No dudo en recomendar este libro del Abogado, Historiador y Diplomático, Álvaro Tirado Mejía, -que bajo la envoltura de unas memorias- hace un analítico relato de por lo menos los últimos cincuenta años de nuestra accidentada historia política.
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