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Un ejemplo: el hermano del candidato Gustavo Petro comete la inexcusable torpeza de visitar en la Picota a condenados por graves delitos: nexos con el paramilitarismo, asesinatos, corrupción, entre otros, en pleno fragor de la campaña electoral. Era perfectamente previsible que por su relación familiar con el candidato le iban a dar alcances políticos a esa visita. El propio Petro se enredó en las explicaciones y echó mano del gaseoso concepto de “perdón social”. Muy pronto sus contradictores, de manera hábil, hicieron creer que de lo que se estaba hablando era de “perdón judicial”. Como lo he venido planteando en esta columna, hay tres clases de impunidad: judicial, política y social. Por lo que ha trascendido, claramente no se estaba hablando de amnistía, indulto o rebaja de penas.
Cuando el ‘caballito de batalla’ de todos los candidatos es hablar –casi siempre sin precisiones– de la lucha anticorrupción, era obvio que la ciudadanía rechazaría a quien planteara amnistía, indulto o rebaja de penas para los condenados por corrupción. Nadie se tomó el trabajo de profundizar sobre qué podría entenderse por “perdón social”, curiosamente en una sociedad en la que la impunidad social campea. No solamente en esta campaña, sino en las anteriores, candidatos a la Presidencia o al Congreso se han hecho acompañar de condenados, algunos confesos, y aún más, han aceptado el apoyo de sus estructuras políticas sin que eso les haya generado problemas de conciencia.
El debate planteado al calor de esta campaña es farisaico. En frío, ninguno de los candidatos ha ofrecido, indulto, amnistía o rebaja de penas para condenados. Si eso se llegara a presentar, estarían engañando a sus interlocutores, pues un Presidente no puede hacerlo sin contar con el apoyo del Congreso y de la Corte Constitucional. En estos temas, ningún Jefe de Estado en Colombia ha desconocido las condenas de los jueces.
Tanto así que, cuando el M-19 ocupó la embajada dominicana en Bogotá, tomando como rehenes prácticamente al grueso del cuerpo diplomático, exigió para su liberación que el Presidente Turbay soltara a los guerrilleros que estaban procesados o condenados por jueces, incluso por jueces militares, éste se negó a aceptarlo, argumentando que la Constitución no le permitía pasar por encima de condenas judiciales. Algunos de quienes ahora se rasgan las vestiduras por un supuesto “perdón social”, han aceptado, como congresistas, muchas de las tantas amnistías e indultos que en Colombia ha habido. Para tratar de resolver el conflicto, hemos aceptado rebajas de penas para guerrilleros, paramilitares, civiles y hasta para miembros de la fuerza pública. Y en materia de extradición, fue la constituyente del 91 la que la abolió, por petición de los ‘extraditables’.
En 1968, durante el gobierno de Lleras Restrepo, por la visita de Pablo VI al país, se aprobó una rebaja generalizada a condenados. Aun cuando no era el caso del debate, se dijo que era el colmo que se buscaran votos a cambio de ofrecer impunidad. Ya lo hubo por razones que tenían que ver con la solución del conflicto armado, cuando Andrés Pastrana le ganó la Presidencia a Horacio Serpa, ofreciéndole amnistía a las Farc en 1998.
Deberíamos tratar de analizar los temas concienzudamente antes de caer en reacciones puramente emocionales. Uno de los candidatos, como reacción, propuso algo que ya existe: las penas altas para los corruptos, o inhabilidad política para delincuentes, que se encuentra desde la Constitución de Núñez y Caro de 1886. A otro, como respuesta, se le ocurrió pasar de las funciones disciplinarias de la Procuraduría a la Fiscalía General de la Nación, con evidente desconocimiento de la estructura del Estado. ¿Será mucho pedir que haya más análisis y sindéresis en lo que queda de esta larga campaña?
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