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Pero el pueblo colombiano ya escogió. Ninguno de los temores que se expresaban se hizo realidad. Aunque relativamente estrecha la diferencia entre los dos aspirantes, fue suficiente para despejar toda duda; Rodolfo Hernández reconoció la derrota de manera inmediata; el presidente Iván Duque, a los pocos minutos de conocerse el resultado, estaba en contacto con el presidente electo; y los gremios económicos (Asobancaria, Andi, Consejo Gremial Nacional), pronto expresaron su voluntad de entenderse con el nuevo gobierno, desbaratando la especie de que si ganaba Petro se generaría una confrontación inmediata entre aquellos y el nuevo Jefe de Estado.
Colombia –por escasa mayoría, pero al fin mayoría– escogió el, por muchos respetado, camino de la izquierda democrática. Hay que precisar que la izquierda democrática no supone connivencia con actores armados ni significa un salto al vacío. Es más, una lectura desprevenida de la Constitución vigente permite deducir que en ella están consagrados los principales postulados de la social democracia: poder político sometido a la ley; primacía de la Constitución; separación de poderes; el orden justo como finalidad del Estado; función social de la propiedad privada; responsabilidad social de la empresa; igualdad de oportunidades; prevalencia del interés público sobre el privado; dirección general de la economía a cargo del Estado, dentro del respeto al mercado; rotación en el ejercicio del mando, y unos cuantos postulados más. Esa es la Constitución que al posesionarse Gustavo Petro como presidente va a jurar cumplir.
Lo más parecido a la izquierda democrática que hemos tenido en Colombia fue la Revolución en marcha de López Pumarejo, muchas de cuyas conquistas se mantienen en la Constitución vigente, como la intervención estatal para regular la producción, distribución y consumo de la riqueza. La ley 200 de 1936 –que alcanzó a instituir los jueces de tierras– en muchos de sus aspectos resulta hoy más avanzada que los acuerdos de La Habana. La reforma constitucional de 1936, inspirada por López Pumarejo, y construida por mentes brillantes como las de Echandía, Caicedo Castilla y Antonio Rocha consagró el Estado Social de Derecho. Esa revolución pacífica fue abruptamente truncada por los episodios de la violencia, más golpes institucionales como el cierre del Congreso por Ospina Pérez en 1949.
Afortunadamente, Colombia no sucumbió a la ola de dictaduras militares de la década del 60, entre otros factores, por contar con unas Fuerzas Armadas respetuosas de la institucionalidad. Pero también, por la existencia de las guerrillas armadas, por años no tuvimos la posibilidad de avanzar hacia la social democracia como en otros países de la región, por cuanto se asociaba izquierda con guerrilla.
El presidente electo, después de acogerse al proceso de paz adelantado por el presidente Barco, entró en el camino de la legalidad, que transitó por más de 30 años, con viscitudes, triunfos y derrotas. Ahora, los colombianos le dan la oportunidad de gobernar por los próximos cuatro años, en unas elecciones libres. Superó marcas históricas como la de lograr finalmente la presidencia para la izquierda después de intentos fallidos.
El presidente Petro, con sus actos como gobernante, tiene la misión no solo de avanzar en el tema de la justicia social y recuperar el manejo del territorio por parte de la fuerza legítima del Estado, sino de aclimatar la paz política sin desmedro de la necesaria oposición y demostrarles a sus contradictores que estaban equivocados en los temores con los que estuvieron a punto de atajarlo.
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