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Esa ‘gobernabilidad’, se busca en todas partes cuando un partido no tiene las mayorías en el poder. No son extrañas las alianzas –sobre todo en regímenes parlamentarios o apenas semipresidenciales– por ejemplo, entre la socialdemocracia y el Partido Cristiano, los liberales de derecha como en Alemania, o el Partido Socialista Obrero Español y el P.P. En Colombia, casi siempre se asocia el concepto de ‘gobernabilidad’ a la necesidad de construir mayorías parlamentarias para aprobar reformas constitucionales o legales, o para evitar debates de control político.
A lo largo de nuestra historia, muchos presidentes han buscado esa anhelada ‘gobernabilidad’. Superada la guerra de los mil días –con todos sus horrores– a comienzos del siglo pasado, el “republicanismo” fue una alianza entre sectores liberales y conservadores, que significó un antecedente del Frente Nacional de 1957. En 1930, Enrique Olaya Herrera inauguró la República Liberal.
He mencionado en esta columna, la divertida anécdota que suele repetir el jurista y escritor Benjamín Ardila Duarte. Cuenta él que como el liberalismo, a pesar de ganar la presidencia, no tenía las mayorías en el Congreso, debió buscarse el apoyo de algunos conservadores para lo cual nombró una especie de compromisarios, y que cuando estos le contaron que evidentemente unos cuantos conservadores se ‘voltearon’ para apoyar al nuevo gobierno, el gran presidente Boyacense acertó a decir “¡que traidores tan leales!”
En medio de la crisis generada por el ‘Bogotazo’, el presidente Ospina Pérez, convocó a un gobierno de “Unión Nacional”, y nombró al Expresidente Darío Echandía, como ministro de Gobierno. En pocos meses se rompió esta unidad por la profundización de la violencia política, auspiciada entre otros múltiples factores, por la politización de la entonces no profesional Policía Nacional. Ya en el Frente Nacional, liberales y conservadores, para frenar la sangrienta confrontación política y poner fin a una dictadura militar auspiciada por políticos, se repartieron de manera exclusiva el poder durante 16 años.
La extraña idea de la que no nos hemos podido liberar, de que gobernar es igual que legislar, ha hecho que los acuerdos se busquen –a veces sin barreras éticas– para aprobar leyes. Un buen ejercicio para un presidente sería hacer estudiar a sus asesores todas las leyes vigentes en áreas cruciales como economía, educación, medio ambiente, justicia, desarrollo social, tratamiento de las minorías, derechos sociales, entre otros. Probablemente, encontraría que con excepciones como el Plan de Desarrollo, el Presupuesto, o las reformas tributarias, podría centrarse en la acción administrativa reglamentando las miles de leyes vigentes que no se aplican.
Muchos gobernantes han tenido que constatar que en el Congreso hay que pagar “peaje burocrático” hasta para aprobar leyes de honores. Es lo que se llama el papel de la ‘mermelada’, expresión que hizo carrera por la tergiversación de mención válida que en su momento hizo el buen ministro Juan Carlos Echeverry, para decir que las regalías, por ser de la Nación, no podían centrarse en las regiones productoras, sino que era necesario compartir la “mermelada” en la gran tostada de las regiones.
No es malo buscar apoyos parlamentarios para facilitar la labor legislativa; lo es, hacerlo a base de entregarles a los congresistas “girones de Estado”, para que hagan de las suyas con la contratación. Si eso no se repite, sería la mejor manera de combatir en serio la corrupción. Basta con leer el informe de este diario sobre las andanzas del senador Castaño, para entender toda la estructura clientelar corrupta, y no pensar que él es el único.
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