¿Reforma política integral?

Por enésima vez, ahora con la batuta del Pacto Histórico y en alianza con partidos tradicionales, se conoce otro proyecto de ‘Reforma Política’. De entrada, el presentado por el ministro Prada, comprende algunos aspectos que podrían mejorar ‘la cosa política’, pero es indispensable hacer varias reflexiones.
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Buena parte de la motivación de la Constitución del 91 fue mejorar lo que Luis Carlos Galán llamaba “la forma de hacer política” y los temas han sido casi siempre los mismos: salarios de los congresistas, inhabilidades e incompatibilidades, umbrales, financiación, integración y desintegración de los partidos políticos, estatuto de la oposición, impulso o control del “transfuguismo”, entre otros.

Colombia tuvo partidos y esquemas de gobierno-oposición, cuando ni siquiera había regulación constitucional. Los partidos eran realidades sociológicas y políticas. Con la intervención normativa terminamos con “partidos” que de tal no tienen sino el nombre -sin ideología y organización- lo que permite las volteretas desvergonzadas y sin consecuencias.

Anteriormente, hubo una marcada línea entre los partidos, la coherencia era una virtud y el ‘voltearepismo’ era reprobado; aun dentro del Frente Nacional, hubo partidos serios distintos a las estructuras tradicionales. Desde luego, existía el partido Comunista –con voceros en el Congreso– solamente ilegalizado durante la dictadura de Rojas Pinilla.

El Movimiento Revolucionario Liberal fue un partido de izquierda, con las banderas de salud, educación, techo y trabajo, bajo la tutela intelectual de Alfonso López Michelsen, quien como disidente, en 1962, sacó setecientos mil votos contra la candidatura frente nacionalista de Guillermo León Valencia y llegó a tener una representación parlamentaria importante. La Anapo, igualmente fluye como un partido con banderas nacionalistas, orientado por el ex dictador Rojas Pinilla, también con fuerza parlamentaria de peso y que, en 1970, estuvo a punto de llegar a la Presidencia en discutida elección que dio origen al M-19.

Galán creó el Nuevo Liberalismo, con las banderas de la lucha contra la corrupción, el combate al clientelismo –que aun hoy no logra erradicarse–, la confrontación abierta al narcotráfico, la descentralización, la modernización del Estado y democratización de las costumbres políticas.

La Reforma Constitucional de 1979, impulsada por Julio César Turbay, a quien la semana pasada se le rindió un homenaje en Benjamín Villegas Editores, fue el primer intento serio de organizar la política y los partidos: financiación de las campañas electorales, estímulo al voto y la posibilidad legal de hacerlo obligatorio, severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, Tribunal Judicial para procesar a magistrados de Altas Cortes, entre otros. Después de la Constitución ha habido varios actos legislativos con el mismo título del que ahora se presenta y casi con los mismos temas. Sin duda la lista cerrada y paritaria entre hombres y mujeres es un paso importante para enseriar los partidos –no necesariamente el bipartidismo–, así como reducir los gastos de las campañas. Uribe y Petro consolidaron sus partidos cuando presentaron listas cerradas.

Es atractivo y popular reducir la edad para llegar al Senado y a la Cámara, pero ameritaría reflexiones más profundas. En el tema de la posibilidad de afectar derechos políticos de los popularmente elegidos, solamente por sentencia judicial, en el fondo se repite una norma que existía desde 1886. Fue la constituyente de 91, la que le dio a la Procuraduría la función, que antes no tenía, de suspender o destituir a funcionarios de elección popular.

A lo mejor cuando se termine de tramitar esta reforma –no antes de un año– ya habrá salido la decisión de la Corte Constitucional, que está resolviendo el tema. Es plausible la financiación “exclusivamente estatal” de las campañas. Pero, ¿quién la puede hacer cumplir para que no entren dineros ilícitos?, ¿quién le pone el cascabel al gato?. Quedan temas en el tintero, como la circunscripción nacional de Senado –que hoy tiene sin representación a la media Colombia– y acabar con las funciones electorales de las Cortes que ha afectado seriamente la separación de poderes.

 

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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