Treinta y siete años después

El viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, y demás directivos de las altas Cortes convocaron a una misa en la Catedral Primada, oficiada por el nuncio Apostólico y el cardenal Primado de Colombia, a la cual asistió el presidente Gustavo Petro, para conmemorar el 37 aniversario de la tragedia del Palacio de Justicia.
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Siquiera no se le echa tierra –como suele ocurrir– a tan doloroso episodio de cuyas consecuencias aún no nos reponemos. Allí se descubrió una placa en recuerdo de las casi cien víctimas de esos horribles 6 y 7 de noviembre de 1985. Además, es necesario recordarles a las nuevas generaciones la realidad de lo que pasó, pues dentro de cierta ideologizada desmemoria ha habido algo así como un pacto de silencio para que no se sepa toda la verdad.

El palacio se llama “Alfonso Reyes Echandía” en memoria del ilustre jurista que presidía la Corte y cuya voz de cese el fuego –que aún retumba– fue desoída por el entonces presidente, las Fuerzas Militares y de Policía. A los 53 años fue asesinado en el fuego cruzado entre guerrilleros del M-19 y militares, al igual que 10 de sus compañeros magistrados y decenas de magistrados auxiliares, abogados asistentes, secretarias, visitantes del palacio y empleados de la cafetería.

Con buena intención, recién elegido presidente, Belisario Betancur inició un proceso de paz con la coordinadora guerrillera. Al posesionarse –en la plaza de Bolívar– proclamó que no se derramaría “una gota de sangre más” entre colombianos. Muy pronto hizo aprobar una ley de amnistía que permitió salir de la cárcel entre otros a la cúpula del M-19 que Turbay había dejado allí. Tan generosa medida (ley 35 de 1982) –limitada, sí, a delitos políticos–, en 1984 permitió los acuerdos de la Uribe que posibilitaron un año de tregua.

Sectores del establecimiento no entendieron el momento histórico y facilitaron la aniquilación de la UP, partido surgido de los acuerdos con las Farc.

Por el supuesto incumplimiento de los acuerdos, a la cúpula del M-19 se le ocurre –tal vez inspirados en la toma en Nicaragua del Palacio Nacional durante la dictadura de Somoza y en Colombia la de la embajada dominicana en 1980 durante el gobierno de Turbay– la absurda idea de tomarse el Palacio de Justicia dizque para hacerle un “juicio político” al presidente. Después se supo que los guerrilleros habían escogido la sede de la Justicia porque era el único respetable de los tres poderes públicos. ¡Qué ironía! ¡Qué estupidez política!

Solo a quien no conociera el establecimiento podía pasarle por la cabeza que este se movería por los jueces. Sí lo había hecho antes, frente situaciones similares: en 1980 cuando, paciente e inteligente, Turbay Ayala le dio una salida incruenta a la toma de la embajada dominicana donde los rehenes eran diplomáticos encabezados por el nuncio y el embajador de EE. UU. Allí no hubo tierra arrasada, ni murieron guerrilleros y rehenes. En 1988, cuando el mismo grupo secuestró violentamente a Álvaro Gómez saliendo de misa, se hizo la negociación en Panamá y fue uno de los orígenes de la Carta del 91.

En desarrollo de la hecatombe, ardió el Palacio de Justicia –en incendio cuyas verdaderas causas aún se ignoran– como había ardido el anterior, el 9 de abril de 1948. Falta mucho por saber: ¿Por qué se desprotegió justo ese día? ¿Por qué el presidente no pudo ejercer a cabalidad su función de comandante Supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué, si se sabía desde el 17 de octubre lo que haría el grupo guerrillero, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar las barbaridades cometidas? (Conviene leer el libro de Germán Castro Caicedo, El Palacio de Justicia sin máscaras).

Buen gesto de reconciliación del presidente Petro, antiguo integrante de la organización armada que atacó el Palacio de Justicia, al asistir –aunque tarde, como casi siempre– a la misa con familiares de las víctimas y magistrados. Pero para que la reconciliación sea total debe saberse la verdad, no solo del lado militar sino del M-19, al que no se le exigió desde cuando el presidente Barco los amnistió en 1990, con el beneplácito de todo el país.

 

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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