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No es casual que sea el Externado, -universidad liberal surgida como reacción a la regeneración conservadora- la que una vez más, desde el ámbito académico, ponga la ciencia al servicio de la Paz y la convivencia entre los colombianos.
La plataforma de datos Delfos, ofrece toda una información estadística que permitirá formular una verdadera política pública en materia de paz.
Además, el centro se dedicará a la formación de líderes y lideresas para la Paz en las regiones y articulará esfuerzos y tareas de semilleros de investigación.
Ese día, una primera presentación de los datos -necesarios para pasar de la emoción al análisis- desbarató varios mitos como el de que Colombia siempre ha sido un país violento y, agregaría yo, el de que para conseguir la Paz siempre hay que sacrificar la justicia.
El debate, por ausencia de estudios serios, es muy confuso. Hoy todavía seguimos hablando del “conflicto armado” como si existiera una confrontación ideológica entre el Estado y una guerrilla que pretenda reemplazarlo por las armas cuando en verdad, con la probable excepción del ELN, lo que tenemos es un cruce de violencias entre grupos en su mayoría sin orientación política, casi siempre asociada a razones puramente económicas como el narcotráfico o la minería ilegal. Por eso tenemos una concepción equivocada que busca negociaciones políticas con delincuentes que solo tienen ánimo de lucro. Las confrontaciones se dan entre ellos mismos, no siempre con el Estado.
La “paz”, genéricamente entendida, se presta para toda clase de oportunismos incluido, desde luego, el de los políticos; se habla incluso de partidos de la Paz como si fuera concebible tener los de la guerra.
Por eso se abusó del concepto de “gestor de paz” una idea que viene de la ley 418 de 1997, asociada principalmente con que integrantes de una agrupación armada que quiere entrar en la política pretenda conversaciones con el gobierno y designe a algunos de ellos o “miembros representantes” para buscar esos caminos. Jamás se pensó que un presidente pudiera graduar de “gestor de paz” a delincuentes ya condenados o autores de los peores crímenes de lesa humanidad.
En esa presentación salieron a flote otros elementos sobre los cuales vale la pena reflexionar como que las muertes se dan por disimiles causas no siempre asociadas con el “conflicto armado”. Y desde luego, con el conocimiento frío de las cifras surgirán otros componentes como la lucha por la tierra, la desatención de las regiones, la falta de control del territorio por parte de la Fuerza Pública, la corrupción o la violación de los Derechos Humanos.
Sobre este último aspecto, hubo otro acto de la justicia y la academia en la biblioteca Luis Ángel Arango con la presentación por parte de los presidentes del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas y de la Sección Tercera, Guillermo Sánchez Luque como del jurista Carlos Betancur Jaramillo, sobreviviente del holocausto del Palacio de Justicia, del libro “Graves Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al D.I.H jurisprudencia básica del Consejo de Estado desde 1915”, una historia de las barbaridades cometidas por agentes del Estado en medio de las distintas confrontaciones. Su lectura debería ser obligatoria para quienes quieran conocer la magnitud de la tragedia humanitaria en el país.
Importantes aportes de la academia y la justicia para la búsqueda racional de La Paz.
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