Inestabilidad política y electoral

La proliferación de remedos de partidos que avalan candidatos a tutiplén, sin consideraciones sobre sus trayectorias o ideologías - si es que las tienen-, saca a la luz todos los huecos de nuestro sistema. Cuando hay partidos de verdad, el proceso de escogencia de candidatos supone análisis mucho más profundos que la simple revisión de una petición de aval.

Esos procesos tienen que ver con inhabilidades del más diverso origen: existencia de condenas anteriores, sanciones disciplinarias, parentescos en los grados señalados en la Constitución, entre otros. Un partido de verdad analiza todas esas situaciones antes de expedir avales.

¿Cómo es posible que no se advierta claramente la sentencia por narcotráfico, públicamente conocida, que tenía una persona como Santander López Sierra, ‘el Hombre Marlboro’?, ¿cómo no se advirtió desde el comienzo que no podía inscribirse como candidato a la Alcaldía de Maicao, por expresa prohibición constitucional?

Parece que, por razones diferentes, ocurría lo mismo con Oneida Pinto, candidata a la Alcaldía de Albania. En ambos casos ¿dónde está el partido que los avaló?, y si es por firmas, ¿advirtió la Registraduría lo que estaba pasando?, ¿no deben responder política y financieramente los partidos que autorizan esos procesos que de antemano se sabe que están viciados de nulidad?, ¿no podía hacer nada desde el comienzo la llamada ‘organización electoral’? En últimas, hay un “engaño” a los electores -así estén amarrados- pues hicieron campaña o adhirieron a un candidato que no podía serlo por expresa prohibición.

La primera debilidad está en la ausencia de partidos serios. Y qué decir de candidatos avalados por firmas -a veces otro engaño- y por múltiples y disímiles organizaciones políticas o microempresas electorales.

La otra falla grande está en la organización electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral. Es un poder inmenso el que se le da a este organismo integrado, por mandato constitucional, con criterios puramente políticos. 

Ese origen hace que, unas veces con razón y otras sin ella, se cuestione la legitimidad de sus decisiones pues se les atribuyen intenciones de favorecer o afectar a determinada agrupación o candidato. Esas decisiones, por afectar el voto de los ciudadanos, deberían estar libres de toda sospecha.

Hemos visto que a última hora se revocan inscripciones cuando estamos a pocos días de los comicios y a los candidatos o a los partidos no les queda ya ninguna posibilidad de enmienda. En tan poco tiempo solo procede el recurso de reposición, que lo resuelve el mismo funcionario en cuestión de días o incluso de horas. No hay una segunda instancia ante un superior jerárquico que pueda resolver de manera inmediata.

Casi que, por tratarse de hechos objetivos, estas demandas contra la inscripción de candidatos deberían resolverse en horas o máximo días después de su presentación. Hay casos como la revocatoria de la inscripción de Mauricio Jaramillo a la Gobernación del Tolima, en cuya decisión hubo tres salvamentos de voto entre los nueve magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral. Esa no debería ser la situación para afectar el derecho a ser elegido, ¿qué pasa si después de las elecciones un Juez revoca la decisión del citado Consejo, basándose, por ejemplo, en los argumentos de quienes salvaron el voto? Existe el antecedente de que se permitió la elección de Claudia López como alcaldesa y su pareja como senadora. El mecanismo de la tutela -muchas veces a pocos días de una elección- puede dejar en manos de un solo funcionario la suerte de un candidato. ¿Es válido esperar hasta último momento para resolver si un ciudadano puede o no ser candidato y si los electores pueden votar por él? Pasados estos comicios urge la revisión no solo del régimen de partidos sino del sistema electoral y particularmente de las funciones del Consejo Nacional Electoral.