Cese al fuego: ¿Por qué no en el Palacio de Justicia?

Para los jóvenes -y para los no tan jóvenes- es necesario recordar algunos aspectos de semejante tragedia producto del demencial acto terrorista del M-19, y de la torpe reacción de la cúpula militar de entonces, con la pasividad del jefe del Estado.

El gobierno había adelantado un proceso de paz con toda la coordinadora guerrillera, que incluía al mediático M19, concediendo amnistía general e indulto, organización que decidió tomarse el Palacio a sangre y fuego, irónicamente con el argumento de que la justicia era la única institución respetable. La acción fue facilitada por lo que todavía sigue siendo una incógnita: el retiro de la vigilancia que había sido reforzada poco antes por cuenta de las amenazas a los magistrados.  

Mataron a los pocos vigilantes privados que estaban en la entrada y pidieron la presencia del presidente de la República para hacerle un “juicio”, por lo que ellos consideraban incumplimiento de los acuerdos de paz. No hubo un minuto para la negociación, como había ocurrido antes y pasó después. Los tanques penetraron el palacio y el fuego cruzado acabó con la vida de guerrilleros, magistrados, visitantes ocasionales y miembros de la fuerza pública. Murieron más de cien personas, entre ellos, once magistrados.

Hubo torturas y desapariciones. Toda clase de violaciones al derecho internacional humanitario. Tumbar la extradición era uno de los objetivos de la toma. El presidente de la República no le pasó al teléfono al presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, cuando pedía el cese al fuego para que se pudiera negociar con los guerrilleros la liberación de los rehenes como había ocurrido en 1980 cuando estos eran los diplomáticos.

Todos los políticos, con la notable y valiosa excepción de Luis Carlos Galán, autorizaron la salida de fuerza con el argumento de que el Estado no podía negociar con terroristas. Apenas cuatro años después el país no solo negoció con el M-19: sus militantes fueron nombrados ministros y elegidos constituyentes. Es una historia reveladora de que cuando se quiere se negocia lo que genéricamente se llaman las “instituciones”.

En 1969, unos delincuentes comunes secuestraron al exministro Fernando Londoño y Londoño. En carta a su amigo, el presidente Lleras, le pidió que retirara el Ejército de una zona del departamento de Caldas para que se pudiera negociar su secuestro. Carlos Lleras la llevó al consejo de ministros, este dio la orden de retiro y los familiares pudieron negociar con los secuestradores.

En 1980, durante el gobierno de Turbay, el M-19 se tomó violentamente la embajada dominicana en Bogotá, y retuvo como rehenes a los diplomáticos encabezados por el Nuncio y el embajador de los EEUU. Pedían, nada menos, que el gobierno liberara a todos los guerrilleros presos. El presidente Turbay no cedió a la presión militar. Durante varios días negoció la salida de los rehenes y los guerrilleros partieron a Cuba escoltados por la fuerza pública hasta el aeropuerto. Ninguno de los rehenes murió. Antes bien, algunos de ellos incluso tuvieron romances con guerrilleras.

Cuando los rehenes eran los magistrados, ahí sí, no hubo negociación. El país, y sobre todo el poder judicial, no se recupera de la pérdida de la que con razón se llamaba “la corte admirable”. Con ellos Colombia jamás hubiera tenido el todavía no aclarado “cartel de la toga”. Después, el mismo grupo terrorista secuestró a Álvaro Gómez y mató a su escolta. Hubo negociación para liberarlo y ese secuestro es uno de los orígenes de la actual constitución.

 Y ahora, el gobierno retiró el Ejército de la serranía del Perijá para que, como todos esperábamos, se pudiera liberar al padre de Lucho Díaz, secuestrado por el ELN en plena tregua.

No se podía retirar la fuerza pública de un recinto cerrado con rehenes adentro en medio de un combate encarnizado, pero sí se pudo hacer a campo abierto en el departamento del Cesar. Crueles incongruencias de nuestra historia.