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Para lo primero el presidente tiene un haz de atribuciones casi ilimitadas: es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene amplísimas facultades de policía, puede decretar estados de excepción parciales o totales y presentar proyectos de ley ante el Congreso -como la del uso de la inteligencia para prevenir delitos-; terna al fiscal general que investiga a quienes violan el código penal alterando el orden público, y hasta puede suspender -sin ser juez penal obviamente- a gobernadores cuando desconocen sus instrucciones en materia de orden público.
En cuanto a la segunda forma de conservar y restablecer el orden público, el presidente puede presentar proyectos de ley de amnistía y conceder indultos, en ambos casos, por delitos políticos y conexos de acuerdo con la ley que regule el ejercicio de esa facultad. Así mismo, impulsar proyectos de ley que “suavicen” sanciones penales a quienes con sus acciones, así no sean necesariamente políticas, afecten la convivencia pública, como fue el caso de justicia y paz -que por cierto generó confesiones no investigadas oportunamente- durante el gobierno Uribe para facilitar la “reinserción” de los grupos paramilitares, aun cuando sus jefes -como Mancuso- fueren extraditados, lo que parece haberlo llevado a hacer -no se sabe si por venganza- tardías acusaciones de vinculaciones de políticos, empresarios y militares con la terrible acción paramilitar.
En plena crisis del proceso 8000 y frente a la arremetida de las Farc que alcanzó a poner en jaque al Estado “copando” bases militares y secuestrando a miembros de la fuerza pública, el gobierno Samper logró que el Congreso aprobara la ley 418 de 1997 que, con actualizaciones, ha sido el marco para los procesos de paz, con amplísimas facultades para la concesión de beneficios a quienes depongan las armas. Ahora mismo, la Corte Constitucional revisa la ley 2272 de 2022, que como novedad contempla beneficios para delincuentes comunes básicamente vinculados al narcotráfico como el Clan del Golfo y las mal llamadas “disidencias de las Farc”.
Con la paz total, lo que tenemos es una confusión total. No se sabe si el jefe del Estado prioriza el legitimo uso de la fuerza -como no lo descarta el nuevo negociador de paz Otty Patiño en su entrevista en este diario con María Isabel Rueda- o la negociación integral que comprende a delincuentes de todos los pelambres con tal de que dejen de hacerle daño a la sociedad.
Y para completar el caos actual, el Estado en muchas partes, prácticamente ha perdido el control del territorio, elemento indispensable no solo para la vigencia real del Estado de derecho, sino para que se pueda adelantar con éxito cualquier negociación. Hay que reconocer que el fenómeno no es solo de ahora, aun cuando se ha intensificado en este gobierno. Hay regiones en las cuales los desplazamientos se producen por las luchas entre distintas organizaciones criminales de las cuales el Estado se limita a ser un espectador. Muchas veces cuando ocurren masacres la respuesta oficial es la de que se trata de “ajuste de cuentas” como si estuviéramos en el lejano oeste americano de los años veinte…
Es hora de la claridad: ¿Por qué perdimos el control del territorio en regiones importantes del país? ¿Qué está pasando con nuestra fuerza pública? ¿Por qué han aumentado el secuestro, la extorsión y el narcotráfico con todos sus efectos devastadores, sigue ahí, como diría Jaime Garzón? ¿Por qué esa nueva modalidad de “retener” a militares por parte de comunidades aparentemente instrumentalizadas?
Y de otro lado, ¿con quién se está “negociando”? ¿Qué se está negociando, el modelo de Estado o la sola desmovilización? ¿Para qué se está negociando? ¿Hasta dónde va la zanahoria necesaria en todos los procesos? ¿El garrote no se puede usar? como diría Rafael Núñez, el pensador del Cabrero: “oh confusión, oh caos…”
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