Con la frecuencia que se suceden, el periodismo local registra en sus noticias los viajes de los gobernantes de la ciudad y el departamento a la capital Bogotá en procura de recursos y asistencia por parte del poder central, paso indispensable y requisito “sine qua nom” para factibilizar sus programas y proyectos, como consecuencia obligada de una absorbente política que en sus pretensiones llegó incluso al extremo de privar a las regiones, -en contravía del artículo 1° de la Constitución Política-, de las regalías sobre las cuales estas tenían, como debe ser, plena autonomía.

En una concepción monopólica del Estado que contradice abiertamente el espíritu descentralista consagrado en la Carta por sus redactores, cuando pretendieron morigerar la perversa concepción del constituyente de 1886 que imperó entre nosotros por más de una centuria, caracterizada por la férrea concentración del gobierno en la capital, con grave detrimento para el desenvolvimiento autónomo de lo regional y lo local.

De esa forma “el círculo central del poder” invalidó la autonomía dada por el ordenamiento a las diferentes reparticiones que conforman la nación colombiana, necesaria para el armónico discurrir del país e indispensable para conciliar las antagónicas tendencias que desde los albores de la independencia han alimentado el debate entre centralistas y federalistas, dando origen en ocasiones a cruentos enfrentamientos civiles, como los acaecidos entre 1812  y 1816 que solo cesaron cuando los dos bandos acordaron unificar fuerzas contra el común enemigo español, para renacer durante la efímera existencia de la Constitución de 1863, conocida como la “Constitución de Rionegro”, de nítido carácter federalista, y como está resurgiendo hoy con imprevisible fuerza en el discurso de algún sector no despreciable de la opinión, de cara a la campaña presidencial que se avecina.

Porque al tornar inocuo el espíritu descentralizador, usando para ello la ley, el omnímodo y abusivo poder de los capitalinos restringe, a través de los criterios de asignación presupuestal, la posibilidad de que los departamentos y municipios alcancen la solución de sus reales necesidades; genera desequilibrio e inequidad sociales y dispersa un progreso que debe ser integral, al aclimatar la idea de una provincia menor de edad y como tal incapaz de orientar su rumbo y de trazarse su propio destino en los diversos campos, conducida por funcionarios ídem, institucionalizando una estructura piramidal y jerarquizada de la administración pública.

Al efecto resulta ilustrativo de lo dicho, el “alegre” manejo dado desde Bogotá a la “locomotora minera” sin evaluar en lo más mínimo el eventual daño ecológico, económico y social que pueda llegar a causar por tal razón en las respectivas provincias, o el desinterés mostrado por el Gobierno central frente proyectos de tanta envergadura como el llamado “triángulo del sur”, retrasado en el tiempo, no obstante ser el de mayor trascendencia del Tolima y el país en términos de desenvolvimiento agropecuario, en cuanto su cercanía al principal centro de consumo e indispensable para incorporar a la vida económica una porción de la patria secularmente olvidada y empobrecida.

O el paquidérmico ritmo de trabajo impreso a los proyectos de la doble calzada Bogotá-Girardot o Ibagué-Cajamarca-la Línea, empantanados quien sabe por cuánto tiempo por efecto del mal manejo y la corrupción de la burocracia Bogotana del Ministerio del ramo, a pesar de la importancia que tiene no solo para el futuro departamental sino el de la Nación en su conjunto.

O el del Aeropuerto “Santiago Vila” de Flandes minimizado por la miopía centralista o insospechados intereses, a pesar de su valor multipropósito y su innegable utilidad como infraestructura básica nacional. 
O el inefable desdén hacia la navegabilidad del Rio de la Magdalena de Neiva a Barranquilla, aplazada o acaso cancelada por la falta de interés de la élite gobernante capitalina de reestudiar “el Salto de Honda” y su valor en términos de país. 

Etcétera, etcétera, etcétera