En nuestro medio, como ocurre en buena parte de las economías latinoamericanas, no se le ha dado un uso racional al “derecho de la libre competencia en el mercado”, pese a constituir presupuesto fundamental e indispensable para el adecuado ejercicio de toda clase de actividad económica, tal como lo entendió el constituyente de 1991 al consagrarlo como “un derecho de todos, en dos de los artículos” de la Constitución Política de 1991: el 88 y el 333.
Ello a que desde de tiempos de la Colonia inexplicablemente se han desestimulado la iniciativa empresarial privada y la libertad de comercio, recurriendo incluso al castigo y la represión en beneficio de privilegios, monopolios y comportamientos especulativos, instaurados a través del intervencionismo en la economía, bajo la apariencia de Proteccionismo de Estado.
De esta manera, por centurias hemos vivido como país, sin un intento siquiera de regular la emulación a través de la promulgación de un “Derecho de la Competencia”, sobrellevando todos los problemas derivados de su ausencia a cuestas, puesto que solo apenas hace algo más de una década, comenzó a emerger en nuestros lares una desarticulada y tímida legislación reglamentaria al respecto.
Porque existe, -a pesar de que hayan voces que se alcen en sentido contrario-, una clara relación entre la Libertad de Competencia y el crecimiento económico en el largo plazo, en cuanto aquella tiende a eliminar las ineficiencias y los nocivos comportamientos del mercado, en un marco regulado y estable.
Pero las reformas económicas cumplidas sobre la liberalización de precios, la desregulación, la privatización, la libertad de comercio y las inversiones internacionales, que no son malas “per se”, ya que tienen necesidad para su eficacia, establecer límites consagradas en un cuerpo normativo coherente y en unas políticas cuyo objetivo sea el de controlar las estructuras económicas, de manera que garanticen de veras beneficios económicos a la sociedad.
Porque un sistema defectuoso de Derecho de la Competencia, deja a la economía sin uno de sus soportes básicos, así ésta tenga políticas monetarias, fiscales y de comercio adecuadas, tornándola “tan inútil y disfuncional, como una mesa a la que le falta una de sus patas”.
Así que pensar que una estructura encargada del manejo y control del sistema de “Libre Competencia”, centralizada en una División menor del Ministerio de Desarrollo y en una Superintendencia Delegada, mientras varias Comisiones de Servicios Públicos realizan aportes en materia de competencia en sus respectivas áreas, resulta poco menos que torpe.
Seguir con políticas anticompetitivas, continuará excluyendo injustamente a importantes actores del mercado como está ocurriendo hoy con Uber, desestimulando la inversión, de la misma forma que no expedir normas antimonopolio adecuadas o no aplicar las existentes de manera oportuna, consolidará carteles excluyentes o aberrantes monopolios, como está sucediendo.
Un sistema desarticulado y frágil, resulta poco idóneo para construir una Cultura de la Competencia e inútil para administrar una adecuada política al respecto. Si de verdad se quieren solucionar muchas de las fallas de nuestra economía, tal sistema debe ser coherente y fuerte y estar soportado por un cuerpo normativo bien estructurado. Solo así la Libre Empresa dejará de ser entre nosotros, apenas una formulación teórica carente de contenido.
Comentarios