La modernidad creó el Estado. Luego la sociedad fundó el estado de derecho para establecer la supremacía de los derechos sobre los privilegios y para determinar el imperio de la ley con leyes con sentido humano opuestas a la bestialidad de penas, torturas y vejaciones. De tal forma que no primaran en la vida comunitaria las decisiones personales o caprichosas ni las acusaciones sin la carga de la prueba. Todo para garantizar la convivencia pacífica.

Para lograrlo, aparte de las leyes, se necesitaba quien las hiciera cumplir. Al Estado se le invistió de la legitimidad para usar la fuerza como monopolio. Se creó entonces la fuerza pública. Un ente público sujeto al estado de derecho. Garantista y proteccionista, nunca un cuerpo suelto y sin control. Este monopolio de la fuerza estaría pagado por la ciudadanía a través de los impuestos. Como tener la posibilidad de usar la fuerza podría degenerar en desmanes y abusos, se crearon mecanismos estrictos de control y vigilancia.

¿Qué quiere decir monopolio de la fuerza por el Estado? Que ningún ciudadano está facultado para hacer justicia por su propia mano, que está prohibido utilizar la fuerza de manera autónoma y discrecional. Sólo la fuerza pública está facultada para ello. A ella se debe acudir cuando se requiera y a la justicia como servicio público para los ciudadanos.

Colombia ha pagado con ríos de sangre no entender lo anotado. Ante el aumento del delito y la ausencia estatal en las zonas rurales, las personas se organizaron para autodefenderse. Otros, también por falta del Estado, se armaron para exigir justicia social y supresión de privilegios. Ambas formas de organizaciones armadas, por fuera del Estado, utilizan la fuerza para convencer y obligar. Fueron financiadas por los ciudadanos, unos de voluntarios y entusiastas y otros obligados. Se salieron de las manos de sus creadores y se convirtieron en fuentes de delito y atropellos.

En Ibagué aparecieron unas personas, que argumentando ser desplazadas y con urgencia de trabajar, se convirtieron por cuenta propia en defensores de la ley y combatientes del delito. Varios comerciantes vieron con buenos ojos esta “abnegada” labor y la apoyaron. Los recién llegados, ante la connivencia de civiles y algunas autoridades, hacen justicia, aplican la fuerza y violan derechos.

Estas organizaciones son ilegales. No respetan ni garantizan los derechos de los ciudadanos que dicen proteger. No entienden del debido proceso. Abusan del poder que les da el uso no legítimo de la fuerza. Nadie los controla ni vigila, ni rinden cuentas. Por buena apariencia que muestren, la experiencia ha demostrado que no son una solución al delito, ni al mejoramiento de la convivencia pacífica, sino que con el tiempo empeoran la delincuencia y dañan la vida en comunidad.

Exijamos que la fuerza pública actúe. Para eso pagamos con nuestros impuestos. Está para nuestro servicio. Esa es la labor de un buen ciudadano. Nunca tomar la ley en nuestras manos o contratar a un tercero.

Pd: Feliz Navidad y próspero 2014 para todos y todas.

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