No más sacrificio ilegal

18 Nov 2018 - 3:01am

No más sacrificio ilegal

Publicada por
MIGUEL ÁNGEL BARRETO
Autor:

Senador

Esta semana que concluye se llevó a cabo un importante debate en la Comisión Quinta de Senado para revisar los decretos 1500 de 2007 y 2270 de 2012 que reglamentan el sacrificio, desposte y desprese de animales de consumo humano. Dentro de las conclusiones se le solicitó al Ministerio de Agricultura e Invima la revisión de la normatividad por varias razones: Si bien, en las ciudades de mediano y gran tamaño el mercado de oferta y demanda establece la posibilidad de contar con Plantas de Sacrificio Animal, PBA, autosostenibles y privadas, en los municipios pequeños, especialmente de categorías Quinta y Sexta, esto es inviable por cuanto los alcaldes tienen complejas limitaciones presupuestales, los proyectos superan los 4.800 millones de pesos y el riesgo en la inversión es alto. En Tolima hay 33 municipios con problemas de abastecimiento y sufren las consecuencias de lo que eso significa.

En este escenario se estima conveniente dotar a alcaldes y gobernaciones de herramientas presupuestales y reducir las restricciones en el tema de inversión pública para que en estas zonas se puedan alentar proyectos que garanticen el consumo de carnes de calidad. No puede ser que dentro de los logros presentados por el Invima esté el cierre de 820 plantas cuando en el fondo lo que se configuran son problemas de sacrificio ilegal y abigeato.

En lo relacionado con el hurto de ganado, la mayoría de los casos no son denunciados por los trámites que esto exige para los campesinos. Igualmente, cualquier palo de mango les sirve de sombra y matadero a los ilegales para sacrificar bovinos, actividades que exigen mayor capacidad de respuesta por parte de las autoridades. No obstante, los peligros en materia de salud están asociados a enfermedades como e-coli o salmonella, cuyos brotes se pueden incubar en este tipo de ambientes de insalubridad, pues en estos municipios se mezclan carnes de diferentes orígenes y calidades, frente a lo que Minsalud debería poner más atención.

Ante esta dinámica es urgente que el Ministerio de Hacienda y el DNP destinen los recursos y se establezca la metodología que permita diseñar e implementar con alcaldes y gobernadores los planes reales de beneficio animal para estas poblaciones. El Ministerio de Agricultura y el ICA están obligados tener un control más exigente de los animales en pie (peso y talla) y flexibilizar las guías sanitarias, ojalá gratuitas y expedidas de manera más efectiva.

Si se quiere verdaderamente mantener un estatus sanitario que le permita a los ganaderos y al país ser competitivos y ajustarse a las obligaciones contraídas ante la Ocde, los diferentes TLC y contar con una buena calificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, entonces no se puede descuidar los eslabones más pequeños de esta cadena que están en las veredas y los municipios más alejados de los grandes centros de consumo y producción pecuaria. El sacrificio de ganado y lo que eso implica en materia de alimentación básica y salud para todos los colombianos no debería seguir cohabitando con la clandestinidad.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.