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Melgar, Carmen de Apicalá y Flandes ya hace más de una década vienen aprovechando el segmento de la vivienda campestre como una oportunidad para fortalecer sus economías locales y el mayor recaudo de impuestos; otros municipios como San Luis, Espinal y Guamo, más recientemente también se están subiendo al bus.
Mientras tanto en Ibagué no hemos podido salir del embrollo del POT en lo relacionado con las construcciones en la zona rural. Hoy la Alcaldía está pensando en cómo debe proceder para subsanar lo señalado por el Tribunal Administrativo del Tolima respecto a la nulidad de varios artículos del actual Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2014, situación que seguramente no se resolverá en un plazo razonable y mantendrá en el limbo a constructores que podrían estar aprovechando la ubicación estratégica de la ciudad para suplir la demanda de viviendas en zonas rurales que se ha incrementado considerablemente después de pandemia.
Pero también a propietarios de predios rurales que quieren construir su vivienda o alguna infraestructura comercial pero que constantemente se ven emproblemados con los corregidores de Policía, quienes tratando de cumplir con su deber pero la mayoría de veces en contra de su voluntad porque entienden las necesidades de la gente, intentan controlar y detener las construcciones.
Como pasa con muchos asuntos en nuestro país, la norma decreta una cosa pero la dinámica económica y social apunta para otro lado. Mientras que en Colombia la Ley establece que se prohíbe la subdivisión de predios rurales que tengan un área inferior a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) que, con contadas excepciones siempre abarca varias hectáreas, en Ibagué hay barrios completos con cientos de viviendas en la zona rural. Actualmente se compran y venden predios rurales desde los 50 metros cuadrados, con carta venta o escritura sin registro público, en muchos casos en zonas de riesgo no mitigable o con precariedades para acceder a los servicios básicos.
De cualquier forma, existe todo un mercado de tierras en la zona rural de Ibagué, probablemente así ocurra en la mayoría de municipios de Colombia.
La espontaneidad e informalidad con la que hasta ahora hemos permitido que se desarrolle la construcción en las zonas rurales nos está costando desaprovechar enormes oportunidades para mejorar la economía y resolver problemas sociales en lo relacionado con vivienda. Hay que ajustar las normas locales, pero también propender por modificar la ley, para que sin dejar de observar las determinantes ambientales se reconozcan las dinámicas y particularidades propias de las zonas rurales adyacentes a las grandes urbes.
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