Salud y economía van de la mano

Lo más grave para el Tolima es que, según el Dane, en el trimestre marzo-mayo, Ibagué fue la segunda ciudad con mayor desempleo en el país 31,7%, y, más crítico aún, la tasa de desempleo juvenil (14 a 28 años) llegó al 44,2% en la ciudad musical.

Todo lo anterior indica que la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de Covid-19 exige tomar medidas urgentes para salvar vidas, proteger hogares y generar empleo.  Por lo tanto, en la fase de recuperación post pandemia la salud y la economía van de la mano.

La crisis ha desnudado la precariedad del sistema público de salud y, aunque el presupuesto para salud aumentó en el 8,12% con relación al año anterior, es claramente insuficiente para atender la emergencia y cubrir las brechas estructurales. Es urgente que se garantice la salud como un derecho fundamental de la población; que los médicos, enfermeras y todo el personal de los hospitales y servicios de atención en salud reciban salarios dignos; se aumente el presupuesto de los hospitales públicos en ciudades y poblaciones rurales, y se haga una inversión estratégica en la dotación de equipos y tecnologías en nuevas unidades hospitalarias.

Así mismo, se debe invertir en tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos destinados a la compra pública de insumos y suministros y combatir las redes de corrupción que se han adueñado del sistema de salud en el país. 

La Procuraduría General de la República cuantificó en un billón de pesos la corrupción en el sector salud en el 2018. La reforma al sistema de salud debe acelerarse para que este sea un servicio público y no un negocio. Está demostrado que invertir en salud y educación genera un alto impacto social y económico.

Cuáles son los sectores estratégicos para la inversión pública en el nuevo contexto post pandemia. Aquellos que disminuyen riesgos en salud y a la vez generan empleo. La inversión pública en infraestructura hospitalaria, por ejemplo, genera empleo y a la vez protege la salud de los colombianos. Desde la perspectiva de salud pública, es menos costoso invertir en prevención que en tratamiento de la enfermedad. Según el INS, en Colombia, el 8% de las muertes se debe a problemas de contaminación del agua, el aire y combustibles pesados.

Es necesario invertir en transporte no contaminante, en el cambio de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, en sistemas de gestión sostenible del agua y de los recursos naturales, saneamiento básico y agua potable, agroecología para la reducción de agroquímicos en la producción de alimentos, proyectos verdes y ciudades sostenibles con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, proyectos de economía circular para el reciclaje de materiales y el uso de residuos sólidos que disminuyan la contaminación y los riesgos en salud y, a la vez, provean empleo, entre otros.

Invertir en el sector agroalimentario y en educación nutricional es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población y, reducir los altos índices de sobrepeso y obesidad que se asocian con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, entre otras, ocasionando enormes costos en salud pública. Mejorar las condiciones de acceso a salud y seguridad social e invertir en servicios tecnológicos y financieros en línea para los agricultores familiares, que generan el 70% de los alimentos que consumimos, contribuye a la salud y a la generación de ingresos de los habitantes rurales.