¿Nos seguimos quejando o actuamos?

Columnista Invitado

Después de leer la columna del exfiscal Alfonso Gómez Méndez, publicada el pasado domingo 13 de febrero del año en curso en El Nuevo Día con el titular “La cantaleta anticorrupción”, me queda claro que el monstruo de siete cabezas como es la corrupción pulula no por falta de Leyes o Decretos, dado que según Gómez Méndez, Colombia tiene las Leyes y normas que le permiten sancionar ejemplarmente a quienes cometan delitos contra la administración pública como es el Código Penal de 1980 expedido por el presidente Misael Pastrana Borrero, el cual incluye un capítulo relativo a los delitos públicos; la Ley 190 de 1995 inspirada por el doctor Martínez Neira, Ministro de Justicia de Ernesto Samper, y el Estatuto Anticorrupción del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que contiene eficaces instrumentos en el terreno penal y en materia de inhabilidades e incompatibilidades.
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Como tal, la corrupción en nuestro medio crece día a día en virtud a la no aplicación de la legislación vigente por parte de quienes lo tienen que hacer como son los jueces de la república en primera instancia, al mal actuar de algunos funcionarios que hacen parte del sistema judicial, al igual que el actuar mañoso de algunos profesionales del derecho que asumen la defensa de quienes son acusados de cometer delitos contra el erario público y a una buena parte de la clase política del país.

En cuanto a los jueces de la república estos no están aplicando en forma estricta el Código Penal y la legislación que lo complementa a quienes son infractores del mismo. 

De otra parte, un buen número de funcionarios del sistema judicial no están cumpliendo en forma estricta con los tiempos establecidos para cada una de las etapas del proceso y algunos se prestan para engavetar las denuncias realizadas. En el mismo sentido, ciertos profesionales del derecho que asumen la defensa de los acusados, están utilizando artimañas con el fin de dilatar los procesos y de esta formar ganar tiempo para lograr vencimiento de términos establecido en la Ley. 

En esa misma línea la clase política es responsable al no acatar las decisiones y fallos que emiten los jueces, además porque están interviniendo con sus influencias ante quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Bien lo afirma el ex fiscal al plantear los siguientes interrogantes, ¿será que los líderes políticos estarán dispuestos a no patrocinar el intercambio de votos por puestos, contratos o canonjías? ¿Estarán en capacidad de rechazar apoyos de quienes en el pasado hayan hecho esos intercambios? ¿Estarán dispuestos a rechazar financiación de los contratistas a quienes luego tendrían que recompensar? ¿Están dispuestos a respetar la independencia del poder judicial cuando procesen a sus amigos?”

Considero que no podemos seguir siendo tan ingenuos y pasivos frente a este nocivo mal que desangra las finanzas públicas y enriquece a quienes la practican, empobreciendo cada vez más al país. Como tal, la sociedad debe tomar posición. En primer lugar, debe rodear y respaldar a los jueces de la república, pero al mismo tiempo les debe exigir la aplicación estricta del Código Penal a los infractores del mismo. 

La solución a tal nefasto problema social está en nuestras manos, no esperemos que los políticos resuelvan la problemática señalada, dado que no lo pueden hacer ni les conviene hacerlo, como tal, todas esas promesas que realizaron en víspera de las elecciones para elegir el nuevo Congreso, no son más que eso, promesas electoreras; somos nosotros como sociedad los que debemos actuar, ¿lo hacemos? o ¿nos seguimos quejando?.

Félix Ramón Triana Gaitán

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