Desde La Habana, el Gobierno nacional dio a conocer el comunicado conjunto 27 sobre el acuerdo del segundo punto en la agenda del proceso de paz, denominado Participación Política. Este tema, así como el punto de tierras y desarrollo agrario, pueden considerarse los motivos que provocaron el nacimiento en 1964 de la guerrilla de las Farc y de ahí su relevancia estratégica para lograr un consenso sobre los demás puntos. Sin embargo, el comunicado solo muestra las medidas oficiales de la cancha de juego con las Farc y deja por construir las reglas del juego que definirán con precisión su ejercicio político durante los próximos años.

Más que avances en garantías para el ejercicio de la oposición política, el acuerdo presenta afirmaciones generales que muestran que el proceso de negociación no se romperá o suspenderá, y deja sobre la mesa amplias incógnitas sobre temas como la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes o la manera en que las personas condenadas por ciertos delitos van a poder ejercer la política.

Sobre estos temas, Colombia no parte de cero. Por el contrario y de acuerdo con el último informe del Pnud sobre el asunto, desde la Constitución de 1991 se hizo un reconocimiento explícito a los derechos de participación, acceso a la información y presencia institucional de la oposición. Posteriormente, iniciativas como la Ley de Bancadas, la Ley de Garantías Electorales y sentencias de las altas cortes en favor de los derechos políticos y la función crítica de los partidos, han abonado el terreno para que el debate cuente hoy con diversos y sólidos argumentos en relación con el acceso a medios de comunicación, las facilidades para constituir partidos políticos, transparencia en la financiación de campañas, las necesidades de seguridad para el ejercicio de la política y el papel de medios comunitarios, entre otros.

Estos desafíos no son nuevos para la institucionalidad en Colombia, por esta razón, es fundamental recoger las lecciones aprendidas de procesos de paz anteriores, enmarcarlos en las fronteras anunciadas por el Gobierno nacional. El reto presente es avanzar en la construcción de reglas de juego claras que cuenten con el consenso no solo de los partidos en el Congreso de la República, sino con el respaldo de los ciudadanos.