Lo sucedido el 6 de octubre en Estados Unidos, fue una medida trascendental digna de resaltar y emular por toda la comunidad internacional. Me refiero al indulto otorgado por el Presidente Joe Biden a todas las personas (6.492) que fueron condenadas por posesión de cannabis, desde el año 1992. Además, la decisión de revisar la forma en que se clasifica esta sustancia, según sus daños o beneficios. En este registro se encuentran varias sustancias psicoactivas, clasificadas en diferentes categorías y su prohibición, que sólo es levantada para fines médicos y científicos, con un agravante, la presunción de que todas son nocivas para la salud, incluso sin evidencia.

Decía el político estadounidense Mario Cuomo: “Las campañas se hacen en poesía y los gobiernos en prosa”. El nuevo gobierno Petro llegó al poder por un abrumador anhelo de cambio en millones de colombianos, que castigaron al candidato del continuismo uribista desde la primera vuelta.

Para que la justicia sea pronta y cumplida como nos lo han ofrecido y que no se ha cumplido, debe ser independiente de las otras ramas y de los órganos de control. La reforma no es solo con leyes nuevas, inestables y cambiantes a todo momento, sino con inversión, profesionalización y ética. La solución no es cambiar algunas normas, sino hacer efectivas las que existen. Todo es susceptible de mejora, pero implica una actitud del Estado en la que deben colaborar todas las ramas del poder público. En esa discusión, bienvenida la participación de todos los sectores, sin que sea motivo de clientelismo y repartos burocráticos en la administración de justicia. Se requiere un elemento primordial que solucionaría de tajo los problemas que tienen sumida en un colapso sistemático a la justicia: inversión.

El respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario va más allá de las decisiones del presidente Petro sobre el cese al fuego bilateral, la suspensión de bombardeos a campamentos de grupos armados para preservar la vida principalmente de los menores de edad reclutados, y la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los negociadores del grupo armado ilegal del ELN.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia hay cerca de 60 mil personas que conviven con enfermedades huérfanas y aunque muchas cosas han mejorado en materia de atención, aún existen barreras administrativas y financieras que limitan el acceso a los servicios de salud que muchas personas requieren para poder vivir dignamente.

Muy importantes y relevantes recomendaciones hizo en su informe final la Comisión de la Verdad, para formular una nueva política de drogas que permita la reducción efectiva de la ilegalidad asociada a los cultivos; y de la perversa financiación de la violencia en Colombia por parte del narcotráfico.

La realidad social, económica y política del país exige altura y coherencia por parte de todas las fuerzas políticas democráticas.

En 1988 el Nuevo Liberalismo construyó en el hotel Duruelo de Villa de Leyva un proyecto de reforma constitucional, inspirado en la constitución liberal de Rionegro de 1863. Este proyecto fue el corazón del acto legislativo presentado por el presidente Virgilio Barco al Congreso. Sin embargo, congresistas del Partido Liberal que participaron en el exterminio del Nuevo Liberalismo, aliados con el cartel de Medellín y paramilitares del Magdalena Medio, le metieron un mico que consistía en someter la extradición a un referendo para retrasar la puesta en marcha de este mecanismo.